Creo haberme referido ya, en algún otro comentario, al hecho de que Juan Rosell haya conseguido acceder a la presidencia de la CEOE. Y creo que lo hecho valorándolo de forma muy positiva. Pienso que Juan va a tomar en sus manos de forma personal las riendas del diálogo social. Y me consta además que se está dedicando intensivamente a ello aprovechando también el nuevo talante configurado por Valeriano Gomez y su nuevo equipo.

Frente a Diaz Ferran cuya probablemente única virtud fue la de negarse a firmar cualquier tipo de acuerdo en el marco del diálogo social el nuevo presidente no puede ni va a hacer lo mismo. Ni es su talante, ni tiene ninguna rémora personal o política y además no es tampoco lo que el país necesita en estos momentos. Ah y parece que tampoco es esto lo que pueden permitirse ni Toxo ni Mendez.

Por tanto pronostiqué que “acuerdo vamos a tener” y espero que este sea del suficiente calado para conseguir alguno de los objetivos que son imperativo poner en marcha, empezando por el mensaje a los mercados de que por una vez somos capaces de ponernos de acuerdo. Estoy plenamente de acuerdo con Iñigo Sagardoy en que algunos aspectos de la reforma laboral van a ser poco aplicables, y que aunque probablemente no se va a llegar donde probablemente necesitamos. A pesar de ello estoy convencido de que se va a avanzar en un camino adecuado, a pesar de que se vayan a limitar las posibilidades del despido con indemnización de 20 días. Juan es consciente de que, como muchos compartimos, en la reforma a impulsar y en las actitudes a implantar hay elementos mucho más importantes y de más transcendencia que éste.

Lo que creo que se va a hacer es pactar una reforma del sistema de pensiones que manteniendo el retraso en la edad de jubilación establezca medidas compensatorias que la hagan aceptable para los sindicatos. En segundo lugar definir un nuevo marco de negociación colectiva que recordemos no ha cambiado desde los primeros años de la democracia y que se fundamentaron en necesidades hoy totalmente superadas. En tercer término arbitrar algunas disposiciones que permitan seguir avanzando en el impulso a las políticas activas de empleo.

En relación a este punto solamente una breve introducción (ya me referiré más adelante en profundidad a este punto). Aunque probablemente la norma recientemente publicada en el BOE sea la únicamente posible, siendo como es un paso adelante no resuelve (y creo que muchos de mis lectores compartiréis mi opinión) los dos grandes hitos que hoy no parecen abordables pero que sin duda van a ser necesarios abordar en el futuro.

De una parte la ruptura del mercado de trabajo como consecuencia de la descentralización que se producido en este ámbito en las 15 comunidades autónomas ( recordemos que Ceuta y Melilla siguen siendo territorio del Servicio Publico estatal de empleo ), y de otra la falta de instrumentos de medida y de valoración de dichas políticas que permite, como sabe creo todo el mundo, que una parte de los fondos se destine a actividades que poco tienen que ver con el impulso al empleo. Por cierto este último punto es uno en los que me fundamentaré en mi comentario/crítica a la norma que acaba de aprobar por el ejecutivo.

He escrito recientemente en “mi diario” una entrada en la que me refería a los deberes que todos debemos de hacer en el 2011 si queremos empezar a salir del pozo en el que estamos metidos, y en el que las últimas noticias aparecidas estos últimos días, no hacen sino profundizar. Me refiero a la posible necesidad de rescate económico de nuestro país, una vez pasada la frontera que supone, todavía, aunque parece que por pocos días Portugal.

Pensaba y tenía escrito que estaba convencido que 2011 iba a ser mucho mejor, sin embargo hoy no lo tengo tan claro. Soy uno más de los que pienso que la situación económica también depende de factores psicológicos y es indudable que en este punto estábamos mejor por octubre que hoy ya que de lo otro “no entiendo”, pues no puedo ni debo de considerarme un especialista en economía. Al margen sigo considerando que no hemos hecho las reformas estructurales que necesitamos y que las que hemos hecho no tienen el calado requerido. Esta claro que mi visión de lo que nos podía ocurrir en 2011 era claramente una expectativa que lamentablemente no parece que vaya a confirmarse.

Soy escéptico sobre si todos nos vamos a poner a hacer todo lo que tenemos que hacer. Dudo sobre si se van a acometer las reformas en el sector público que son absolutamente necesarias. Dudo de si vamos a arbitrar las medidas para que el crédito fluya a las pequeñas y medianas empresas, Dudo sobre si vamos a impulsar los cambios en nuestro sistema educativo que son –aunque sus efectos sean a largo plazo- absolutamente necesarios. Dudo que impulsemos de verdad el espíritu emprendedor y apoyemos a las empresas españolas en su proceso de internacionalización. Y por último tengo mis dudas sobre si todos nos vamos a poner a trabajar más y mejor. No se si sigo con expectativas o ya hablo de realidades.

Escribo estas líneas hoy 9 de Enero cuando todavía no se ha resuelto el proceso de negociación entre el gobierno y los sindicatos sobre la reforma del modelo de pensiones en nuestro país. Aunque probablemente me equivoque no tengo ninguna duda sobre que se va a alcanzar algún tipo de acuerdo sobre este tema por lo que no es previsible un nuevo escenario de enfrentamiento ni una nueva huelga general.

Sin embargo en resultado final que auguro y deseo no debe de hacernos olvidar lo lamentable de un proceso en el que (aunque a Carles Campuzano pueda enfadarle el comentario) el espectáculo ofrecido por los miembros del llamado “Pacto de Toledo” ha sido una vez más, un cúmulo de despropósitos. Creo que lamentablemente tenemos todavía, una clase política incapaz de aceptar que debe de gobernar a largo plazo y en beneficio de todos, y no a corto y pensando únicamente en los intereses de su “parroquia”. Esto si que es claramente una realidad.

Y si a todo esto le unimos que en 2011 estamos en un ciclo claramente electoral.

En la parte “estructural” necesitamos “una de liderazgo” que francamente no soy capaz de ver en ninguna parte. Estoy plenamente convencido que debemos ir cambiando determinados modelos y comportamientos dado que el riesgo de que aparezcan soluciones “milagrosas” y con perspectivas estrictamente populistas y……, no es ni mucho menos un escenario fuera de lo posible. Creo además que los ciudadanos desean y están dispuestos a aceptar que los políticos dejen de mentirnos. Auguro que pueden producirse muchos cambios en el futuro cercano si nuestra clase política no es capaz de cambiar su “chip”. Esto no se si va de expectativas o de realidad.

Sin embargo, aunque buena está la indignación (y hago referencia al libro que ha motivado la entrada de hoy mismo en “mi diario”) no debemos ni podernos quedarnos ahí. Al margen de lanzar un mensaje de atención a nuestra clase política en general y a sus líderes en particular, debemos de ponernos o de seguir trabajando. Si no lo hacemos así es evidente que perderemos la oportunidad que tenemos para salir razonablemente fuertes de la situación en la que nos hemos metido (nos hemos, no solo nos han), y la posibilidad de recuperar nuestra autoestima como país y como sociedad.

Mientras tanto yo me comprometo a seguir poniendo mi grano de arena en este proceso, a través de trabajar duro para conseguir la continuidad y consolidación de los proyectos que he iniciado tras mi salida de Creade, y colaborando, en la medida de mis posibilidades, en la creación de nuevas estructuras empresariales que generen riqueza, y empleo y que me permitan seguir desarrollándome como persona.

Lo dicho no se si vamos a ser capaces, empezando por mí mismo, de transformar las expectativas en realidad.

Evidentemente se ha hecho una reforma laboral y hemos conseguido calmar a los mercados, sin embargo parece que, como muchos otros especialistas han señalado, el texto aprobado dista mucho de lo que creemos debería de haberse regulado. Tengo la sensación de que no se quiso ir más allá para no enfadar a determinados colectivos y evitar una situación de conflicto social que por otra parte, no creo que tampoco se hubiese producido.

Soy de los que pienso que habrá que profundizar en ella más pronto que tarde una vez finalizados los dos procesos que todavía tenemos pendientes, y que están ocupando en estos días, los aspectos centrales del debate político (más allá de los temas relacionados con el control aéreo y las nuevas medidas contra la crisis decididas recientemente en el seno de la Unión Europea) como son: la reforma del modelo de pensiones y las de las políticas activas de empleo.

Estoy realmente convencido de que hemos perdido una nueva oportunidad para modernizar y adaptar nuestro mercado de trabajo a las nuevas necesidades y situaciones que, recordemos, poco tienen que ver con las existían en el momento de la aprobación del actual modelo iniciado con la aprobación en los años 80 del Estatuto de los Trabajadores.

Han sido muchos los expertos que se han manifestado en el sentido de que se trata de una reforma laboral condenada al fracaso, o lo que es lo mismo dirigida a ser revisada mucho más rápidamente de lo que sería necesario visto el desgaste y el esfuerzo que ha costado su puesta en marcha.

“No sirve para crear empleo; primero, porque limita la contratación temporal, y segundo, porque las empresas van a tener mucha cautela para contratar de forma indefinida mientras no se clarifiquen las causas del despido objetivo”, ha señalado Fernando Moreno. Añade también que “el objetivo de la reforma tenía que haber sido convencer a las empresas de que contratar indefinido merece la pena, facilitando la flexibilidad dentro de la empresa; con contratos atractivos, etc., pero eso no ha llegado”. Estoy plenamente de acuerdo. He escrito que la contratación se facilita creando un único contrato e incentivando la contratación indefinida. Algo que no se ha hecho.

Para Rafael Giménez-Arnau, se ha tratado de contentar a empresas y empleados, pero no se “contenta a ninguna de las dos partes”, aunque se han hecho concesiones a las organizaciones sindicales para compensar “ciertas medidas de flexibilidad”. En esta línea pienso que la medida de facilitar el acceso de las organizaciones sindicales a las Pymes a través de las medidas de flexibilidad esta claramente condenada a ser un fracaso total. Lo que va ocurrir es que para evitar la entrada de tales organizaciones (mientras éstas no modifiquen algunos de sus comportamientos y no tomen en consideración que no es posible hacer sindicalismo en las pequeñas empresas como se hace en las grandes organizaciones o la función pública) el empresario optará por pactar la resolución del contrato cuando necesite medidas de flexibilidad. O sea lo que ha venido ocurriendo en nuestro país en los últimos años.

Iñigo Sagardoy se ha lamentado de que la Reforma no se hubiese realizado hace unos tres años, “entonces podría haber sido una medida preventiva, pero hoy, no va a generar empleo”. Cree que para luchar contra la temporalidad, se ha optado claramente por penalizar la contratación temporal en lugar de fomentar la contratación indefinida, “en lugar de buscar una opción intermedia, es decir, crear un modelo de contrato único”. Con estas medidas, opina, a corto plazo difícilmente se va a conseguir reducir las cuotas de temporalidad. Estoy completamente de acuerdo con Iñigo y sobre todo con la falta de criterio al no tomar en consideración de que las dinámicas de contratación son totalmente distintas en las grandes empresas que en las Pymes. Creo que más tarde o más temprano necesitaremos marcos diferentes, en este ámbito, en función del tamaño de la empresa.

Por su parte Salvador del Rey sobre el tan debatido tema de la flexibilidad interna ha señalado. “No hemos avanzando nada, este es el tema más negativo de la reforma y esto es dramático, porque si algo necesitan hoy las empresas es tener condiciones de adaptabilidad”. “En el tema de las posibilidades de adaptación a nuevas circunstancias, nos hemos quedado en una situación insatisfactoria”. O lo que es lo mismo seguirá siendo más fácil, rentable y seguro despedir que introducir medidas de flexibilidad interna.

Lo dicho una reforma que no va a servir para mucho y que desde mi punto de vista no da respuesta a las necesidades reales de nuestro mercado de trabajo, no plantea cambios de modelo en los comportamientos sociales y laborales y no va a incidir ni supone el primer hito de los cambios culturales que necesitamos para adaptarnos a las nuevas necesidades y realidades económicas y las del mercado de trabajo.

Escribo este mensaje hoy día 4 de diciembre cuando todavía no está defintivamente resuelta la crísis generada como consecuencia de la irresponsabilidad de un colectivo tan particular como el de los controladores aéreos.

Aunque no me voy a ver directamente afectado por la medida, sencillamente porqué la situación física de mi madre nos ha impedido viajar estos días de puente, como inicialmente teníamos previsto, esto no es óbice para que me permita destacar la importancia de los acontecimientos ocurridos y el negativo impacto que va a tener sobre la imagen España, de la que dependemos, mal nos pese, para nuestra situación económica general (habrá que ver el impacto en el diferencial de la deuda en los próximos días) como en el sector turístico en particular, en el que no podemos olvidar se fundamenta un elevado porcentaje del empleo que somos capaces de generar y nuestra riqueza global.

Aunque los responsables inmediatos son evidentemente los controladores no dejo de pensar en que medida ha habido por parte de todos (empezando por los gobiernos, los partidos políticos y por la sociedad en general) un abandono expreso de una problemática que sabíamos todos que tarde o temprano estallaría. Ah, y en todo caso, confirmar que en este punto habría que poner la gestión de este asunto en el haber del ejecutivo actual dado que éste es el único que, creo, esta haciendo los deberes. Todos tenemos alguna responsabilidad por no haber sido capaces de enfrentar claramente y resolver un problema corporativo que probablemente hubiese podido resolverse o atacarse a través de la gestión privada en el ámbito aeroportuario, lo que hubiese comportado la creación de diferentes entes jurídicos en una estrategia de divide y vencerás que probablemente minimizaría los riesgos de un caos general como el que estamos viviendo.

Lo me parece que la decisión de militarización del colectivo sea la solución adecuada de carácter definitivo, aunque probablemente sea la única viable y posible de forma inmediata para devolver la normalidad al tráfico aéreo.

Hago este comentario bajo al perspectiva y la seguridad de que es necesario también regular de alguna manera la situación generada en las relaciones laborales en nuestro país por una creencia respecto a la “libertad sindical” totalmente obsoleta que permite y facilita la existencia de organizaciones corporativas que responden a intereses particulares y sin una visión general o global como tienen las organizaciones sindicales de ámbito general o más representativas. Resulta chocante que, frente al criterio y sentido común con que éstas últimas están gestionando la actual situación y los conflictos laborales que esta conlleva surjan paulatinamente hechos como los que estamos viviendo basados fundamentalmente en el binomio: sectores esenciales/organizaciones “llamemoslas sindicales” con una visión especificamente corporativa.

Recordemos que todo esto ocurre la misma semana en que el Presidente ha anunciado el inicio de los procesos de privatización de la gestión de los aeropuertos y la de las loterias (dios mío la lotería, si nuestros abuelos levantaran la cabeza….) y que recordemos que hemos conseguido reducir el diferencial de nuestra deuda gracias, una vez más, a otra de las contradiciones gubernamentales a las que Zapatero nos tiene acostubradas. Me refierro claro está a la eliminación de la subvención extraordinaria de los 420 euros a los desempleados de larga duración el día después que el Ministro de Trabajo había anunciado formalmente a los interlocutores sociales el mantenimiento de esta medida.

Como muy acertadamente afirmaba Joan Coscubiela en un reciente articulo el mayor reto que deberá afrontar Valeriano Gomez como nuevo ministro de trabajo es el de que le dejen serlo. Como he escrito en otros comentarios de mi blog creo que Valeriano es una de las pocas personas de éste país capacitadas para resolver (si le dejan) muchos de los problemas pendientes de nuestro marco laboral y de nuestro mercado de trabajo. Estoy convencido que existen pocas personas como él (uno de ellos sería Jaime Lopez Cossio) capaces de definir, impulsar y poner en marcha las políticas que nuestro país necesita para resolver los grandes dilemas y disfunciones en materia de nuestro mercado de trabajo para ponerle en la situación adecuada para conseguir introducir racionalidad en las mismas y conseguir que se cree empleo en el momento en que la crisis entre en fase de superación.

Sin embargo la clave fundamental de su nueva posición es la de si va a saber navegar entre las aguas turbulentas de las exigencias sindicales, las presiones de las comunidades autónomas y las recomendaciones que le vendrán desde el Ministerio de Economía muchas de ellas impuestas u orientadas desde Bruselas/Berlin.

Se ha hablado mucho sobre la capacidad de modificación y margen de negociación que tiene el ministro en la puesta en marcha de los reglamentos derivados de la ley 35/2010 o de la reforma laboral, dado que evidentemente y al margen de la celebre frase “a mí dejemme los reglamentos” los márgenes de maniobra son muy reducidos. Valeriano puede y debe orientar unas normas que, respetando la norma legal evidentemente, clarifiquen algunos de los elementos peor regulados en ella, entre ellos el que se refiere al despido por causas objetivas al mismo tiempo que puede (y estoy seguro que hará) plantear una reforma de las políticas activas de empleo que eludiendo la responsabilidad que no le compete (crear empleo) facilite e introduzca elementos de racionalidad a una gestión que necesita un cambio radical.

El cambio de las políticas de empleo pasa, como acertadamente señala también Joan, por dotar a los servicios de publico de mejores recursos, pero también por establecer criterios comunes, exigir eficiencia, establecer mecanismos de medición de los resultados etc. Y también por establecer marcos de coordinación entre los servicios públicos de carácter autonómico. Y entre ellos y el Servicio Público Estatal. También pasa, evidentemente, por introducir elementos de competitividad en este marco. No voy a repetirme sobre el hecho de que no hemos sido capaces de introducir esta competitividad en el marco del empleo cuando si lo hemos hecho (y en muchos casos de forma muy razonable) en materias tan o más complejas como la educación o la sanidad.

Sin embargo somos muchos los que somos conscientes de que esto no ha sido posible debido a que muchas veces los fondos públicos dedicados a la gestión de estas políticas de empleo se han dedicado a otros objetivos y gestionado “de espaldas”. Sin embargo esto es algo que estoy seguro que Valeriano va a intentar corregir. También no tengo ninguna duda de que va a proponer una reforma de la formación profesional que es otra de nuestras necesidades perentorias. Sobre lo que no estoy realmente convencido del margen de maniobra que va a tener en el tema de la reforma de las pensiones y en su relación con los partidos políticos en el seno del Pacto de Toledo. Dudo que el PP de su brazo a torcer y permita alcanzar un consenso en este punto.

Creo que al margen de los intereses políticos del corto plazo la situación económica (y lo podemos constatar una vez más por los hechos ocurridos esta última semana) exige, nos exige, alguna modificación sustancial en el calculo de las pensiones si no queremos dañar gravemente al sistema y mantener su viabilidad futura.

Otro punto pendiente y de difícil solución es el tema de la reforma de la negociación colectiva donde va a tener que imponer sus criterios dado que creo que va ser difícil hallar consensos, en este punto, con las organizaciones sindicales.

Ah y por cierto saludo con cariño el cambio de posición que Joan manifiesta sobre las empresas de “outplacement” (a mi me gusta llamarles empresas de recolocación) de las que solicita que se regule su funcionamiento. No era esta su posición mientras ocupaba el puesto de Secretario General de CCOO en Catalunya. Sin embargo bienvenido sea el comentario/opinión. Núnca es tarde para rectificar.

Como todos sabeis hace algunos días se ha aprobado definitivamente por el congreso de los diputados el texto de la que todos hemos llamado Reforma Laboral y que todavía no se muy bien como denominar. Por otra parte hemos vivido esta misma semana la “huelga general”, asistido a unos hechos totalmente lamentables en Barcelona, (coincidiendo con el día de la huelga) y a un gran número de interpretaciones de todo tipo.

La última y más rocambolesca la escuché el pasado viernes por un comentarista que se permitía afirmar que los hechos de Barcelona eran la expresión de los nuevos actos revolucionarios del siglo XXI. O sea francamente inmpresentable. He oido, aunque no he podido escuchar, que una de las interpretaciones más ajustadas ha sido la realizada por Santiago Carrillo en la Ser.

No creo que la huelga tenga el más mínimo impacto en la reforma laboral. La huelga no ha sido más que un pacto de caballeros entre el gobierno y los sindicatos. A ambos ya les ha ido bien en resultado. Mientras tanto os anuncio que recogiendo aportaciones de muchas de las lecturas realizadas sobre el tema en los ultimos meses estoy escribiendo un artículo que publicaré próximamente y que me he permitido titular “la reforma real y la reforma imposible”.

Soy uno más de los que pienso que lo que finalmente se ha aprobado no va a crear las condiciones para un cambio sustancial en nuestro mercado de trabajo y que algo habrá que hacer, y pronto, si no queremos que la recuperación económica que más tarde o más temprano nos llegará nos alcance, una vez más, sin hacer los deberes que en esta materia resulta imprescindible hacer.

Esta misma semana se ha aprobado definitivamente por el Congreso de los Diputados el texto final de la Reforma Laboral. Más allá de la discusión sobre el punto y coma que deseaba introducir el grupo de CiU poco ha cambiado la redacción final respecto al texto aprobado inicialmente por el propio Congreso. Supongo que a muchos de mis lectores no les resultara extraño el dato relativo a que el texto aprobado el pasado mes de Junio ocupaba 39 páginas en el BOE.

Evidentemente se ha hecho una reforma laboral, se ha conseguido calmar a los mercados pero, como por otra parte, han opinado muchos otros especialistas, el texto aprobado dista mucho de lo que creemos debería de haberse regulado. Hemos perdido una nueva oportunidad para modernizar y adaptar nuestro mercado de trabajo a las nuevas necesidades y situaciones que, recordemos, poco tienen que ver con las existían en el momento de la aprobación del actual Estatuto de los Trabajadores.

Creo que la reforma no resuelve ninguno de los cuatro grandes aspectos a los que me he referido en mi blog en anteriores ocasiones. A saber: Incentivar el empleo reduciendo la dualidad contractual de nuestro mercado de trabajo, introducir elementos de flexibilidad en la relación (incluido el despido), modificar la estructura de la negociación colectiva. Y el último que, parece que está todavía en el calendario político como pendiente: un nuevo marco para la gestión de las llamadas políticas activas.

En primer término la reforma no incentiva el empleo, no reduce los costes inherentes al mismo e inclusive podría llegar a afirmarse que penaliza la contratación temporal. Si la dualidad en materia de contratación de nuestro mercado genera situaciones no deseadas por cuanto influye en el desarrollo y la formación de nuestros jóvenes (que son los que más afectados están por ella) la mejor manera de afrontarla no es penalizándola de alguna manera y en paralelo no establecer criterios e incentivos adecuados para la de carácter indefinido.

Con ello no vamos a conseguir reducir el déficit de productividad, ni favorecer la formación y el reciclaje permanente de nuestros trabajadores. Vamos a continuar con un proceso de rotación permanente de nuestras plantillas, con la pervivencia de un sentimiento de que el mejor futuro pasa por trabajar en la administración (contratos permanentes) y con la condena a las nuevas generaciones a una situación de inestabilidad con lo que ello comporta de debilitamiento en el consumo y en la marcha de la economía.

La experiencia nos muestra que facilitar la contratación indefinida pasa necesariamente por abaratar sus costes y también los de extinción. Estos evidentemente, actúan como freno psicológico por parte de los empresarios y directivos. Las normas de contratación no son un freno pero si que pueden actuar de forma positiva o negativa, creando los cimientos para que el empleo pueda consolidar su crecimiento en paralelo a la marcha de la economía.

La introducción de elementos que favorezcan la flexibilidad interna en las organizaciones es, también, cuestionada por muchos. No se han establecido reglas claras y simples que permitan a las empresas desarrollar e implementar factores de flexibilidad, ni muchos menos se establecen elementos que permitan adecuar los niveles salariales a la productividad y sobre todo que posibiliten el descuelgue respecto a las obligaciones establecidas en este marco para las Pymes y para las empresas en situación de dificultades. Puede parecerlo pero no se ha atacado el problema con la medicina requerida, podríamos decir solamente que se han utilizado elementos paliativos. Somos muchos los que conocemos situaciones en los que se ha procedido a la extinción de contratos cuando el problema podría haberse resuelto simplemente por una reducción de los salarios de los trabajadores. No parece que se hayan establecido elementos que impidan este tipo de situaciones. Antes no era posible y ahora va a ser terriblemente complejo con lo que y sobre todo en las Pymes, (que recordemos sustentan el peso del empleo en el sector privado en nuestro país) el resultado será probablemente el mismo, o lo que es lo mismo la empresa preferirá despedir al menor coste posible que buscar soluciones de continuidad que pasan por los elementos de flexibilidad.

Respecto a la excesiva rigidez de la negociación colectiva no soy capaz de visualizar ningún aspecto nuevo en la reforma, tema que queda pendiente para un proceso de negociación posterior (que no entiendo muy bien en que condiciones se producirá) más allá de un conjunto de disposiciones que van a “judicializar” más si cabe nuestras relaciones laborales.

En cuanto a las políticas activas, aunque parece que es un tema que va a ser tratado por una normativa específica según ha declarado recientemente el Presidente del Gobierno, vamos a ver cuál es el resultado posterior de las regulaciones sobre nuevos campos de actuación de las empresas de trabajo temporal y las agencias de recolocación. Podrían haberse adoptado medidas mucho más simples e impactantes que no tan solo se dirigieran a dar un marco más o menos legal a lo que ya está ocurriendo pero sin introducir elementos que modifiquen la estructura actual. Finalmente aparece un nuevo actor en el mercado “agencias de recolocación” que van a trabajar no se sabe muy bien en que marco ni con que cobertura. En este campo habrá que esperar de nuevo a los cambios que se van a definir en la gestión de estas políticas activas, y a analizar la regulación concreta que se formulen en los reglamentos posteriores. Sin embargo ya me atrevo a pronosticar que la relación de los nuevos actores con los servicios públicos de empleo puede llegar a ser conflictiva y no se muy bien si una vez más tenderemos a duplicar y despilfarrar recursos.

Sin embargo si se han introducido elementos de flexibilidad en lo que no se hasta que punto era absolutamente necesario más allá del impacto mediático de la medida, los costes del despido. Probablemente el elemento más claro introducido en nuestra legislación, tras esta reforma laboral, será el del abaratamiento de los costes de resolución contractual. Pues parece que si, parece que realmente la reforma va a reducir los costes de extinción y esto es bueno aunque se han establecido unos criterios tan complejos que corremos el riesgo de “judicializar” aún más nuestro marco de relaciones. En todo caso existen opiniones muy discrepantes aunque creo que, finalmente, estamos en la senda de consolidar el concepto de 33 dias. Sin embargo recordemos que la reducción de los costes indemnizatorios no es una clave para la generación de empleo. Si como resultado de la reforma se mantiene e inclusivo se incrementa el margen de interpretación judicial sobre el despido “objetivo”, muchas empresas van a seguir por considerar “improcedentes” despidos que tiene claramente una necesidad basada en causas económicas y que no evitará que se mantenga (o que no se reduzca sustancialmente como parece necesario) el ratio actual que establece que aproximadamente 8 de cada 10 despidos o resoluciones contractuales se basan en la aceptación de esta improcedencia por parte del empresario.

Es muy pronto, evidentemente, para atreverse a formular vaticinios más o menos definitivos sobre los efectos de la reforma en lo que muchos han venido a denominar como “medida estrella”, a saber: facilitar el despido objetivo por causas económicas. Si la crisis se mantuviese un largo tiempo podría inclusive tener un efecto perverso. Nótese que los aspectos psicológicos tienen un gran impacto sobre las decisiones económicas y que una reducción tan sustancial como la prevista por la reforma podría inclusive impulsar la “moda del despido”. Sin embargo en la redacción actual se da un peso demasiado relevante a los tribunales. La eficacia de la reforma debería de fundarse en incertidumbres económicas y no jurídicas. Los tribunales laborales deberían de estar para otras cosas no para intervenir activamente en decisiones estrictamente económicas.

Para terminar han sido muchos los expertos que han afirmado que se trata de una reforma laboral condenada al fracaso, o lo que es lo mismo a revisarse mucho más rápidamente de lo que sería necesario visto el desgaste y el esfuerzo que ha costado su puesta en marcha.

En estos días estamos asistiendo a un gran número de análisis y reflexiones sobre la convocatoria de huelga general del próximo 29 de Septiembre. Hemos podido, y vamos a poder escuchar multitud de comentarios e interpretaciones, empezando por las realizadas esta misma semana por el propio Presidente Zapatero. De lo que he leído/escuchado recientemente me ha parecido significativa la opinión referida al hecho de que al propio gobierno, y al propio partido socialista, le conviene que la huelga tenga algún éxito. Interesante visión.

Más allá de las diversas interpretaciones sobre su “utilidad o inutilidad”, lo único cierto es que: a) la huelga va a ser inútil dado que no se van a conseguir ninguno de los objetivos por los que se plantea, b) la huelga es y va a ser fundamentalmente un acto propagandístico más. Estoy convencido de que los sindicatos no tenían otro remedio, inclusive a su pesar, que convocar una movilización dado que finalmente no les quedaba ninguna otra opción “so pena de quedar suprimidos en una absoluta impotencia” como ayer sábado escribía Antonio Elorza en el Pais.

Estuve presente el pasado miércoles en Madrid en la convocatoria del Foro de la Nueva Economía en el que participaron los secretarios generales de las dos organizaciones convocantes de la huelga, Sus comentarios, la lectura de lo que dijeron y de lo que no dijeron me lleva a reafirmarme en el argumento de que se han visto impelidos a plantear la huelga porque no les quedaba otro remedio. Nadie duda que las organizaciones sindicales han sido y son uno de los pilares del sistema democrático, sin embargo, nadie tiene que tener ninguna duda también de que hoy, los sindicatos, no son más que una de tantas instituciones sociales que deben de adaptarse y que van a tener que cambiar en el futuro próximo. Porque si no se adaptan, van a pasar a ser, un miembro más de una “superestructura pública” con poco o nulo impacto real y capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

No voy a ser yo como los muchos que anuncian que los sindicatos son otro de los órganos a extirpar y que su viabilidad de su pervivencia futura es discutible. Creo que deben de mantenerse en un futuro que todavía no sabemos cómo va ser, y para ello deben necesariamente hacerse visibles. Y aunque sea hasta cierto punto una contradicción, la única visibilidad que les asiste es la de convocar una huelga general que probablemente será “formalmente muy importante” pero que carecerá de un impacto real. Dudo que el próximo 29 de Septiembre los sindicatos consigan paralizar el país como así se hizo en convocatorias anteriores. Recordemos que estamos en un momento en el que lo visible, lo que se ve, lo formal resulta incluso más transcendente que la realidad de lo que subyace detrás.

Por lo demás, creo que la huelga general va ser fundamentalmente esto. Un gran acto propagandístico de unas organizaciones que también tienen la necesidad de reencontrar y redefinir su rol en un futuro que se nos sigue presentando como incierto y en el que muchas cosas van a cambiar, empezando por nuestra propia visión sobre lo que es importante y lo que no lo es.

Hace algunos meses escribí una entrada con este título. Hoy, cuando ya disponemos del texto del Real Decreto recientemente validado por el parlamento, creo conveniente escribir una versión actualizada, a la espera de los cambios que puedan introducirse en el trámite pendiente para convertirse en ley.

En estas últimas semanas/meses  se han escrito gran multitud de comentarios sobre el redactado de la reforma. Por mi parte sólo quiero incidir en el criterio de que el texto aprobado no me parece que vaya a suponer un cambio radical en nuestro modelo de relaciones laborales, cambio que probablemente es imposible sin enfrentarse de frente a los problemas –y parece que esta no es la actitud de nuestro gobierno cuando ha estado esperando durante más de dos años a un acuerdo “imposible” entre los interlocutores sociales- pero que resultaría totalmente necesario si lo que se desea, de verdad, es romper la dinámica de un mercado de trabajo que nos lleva a: ser uno de los miembros de la OCDE con mayor tasa de desempleo, tener un volumen porcentual de desempleados cuanto menos del doble que la media europea –y todo ello a pesar de la contabilidad creativa que se impone en el cálculo de esta variable-, y a batir todos los records en la tasas de desempleo juvenil.

El mantenimiento de una tasa de desempleo del 20% de la población activa –que recordemos supone más de 4 millones de personas- (a pesar de los datos de reducción del mes de Junio y de las voces gubernamentales sacando “pecho” sobre lo bueno de estas cifras), es aparte de un drama social un hecho totalmente insostenible desde el punto de vista económico.

Por otra parte que 4 de cada 10 jóvenes en edades comprendidas entre 16 y 24 años se encuentren sin empleo, es un record que debería de impulsar a todos a tomar algún tipo de medidas y a plantear reformas mucho más radicales en la dinámica de nuestro mercado de trabajo, en general, y en los temas relacionados con la contratación en particular. Estas medidas deberán estar dirigidas a generar un entorno de confianza, de claridad y de concreción que evitase o redujese al mínimo las incertidumbres y que facilitase la creación de empleo en el momento en que de verdad se inicie el cambio de ciclo económico.

Aunque es evidente que las normas de contratación no son ni mucho menos el elemento clave para disminuir el desempleo algo más debería haberse hecho para simplificar la normativa. Finalmente, más allá de algunos aspectos puntuales probablemente interesantes, no parece que reducir el periodo máximo de contratación temporal sea algo probablemente válido desde un punto de vista del “marketing” pero que se dirige ni atiende en nada a la realidad y necesidades de nuestro mercado de trabajo..

Paralelamente resulta un tanto novedoso, por otra parte sin ningún tipo de referencia que yo conozca, el principio de introducir bonificaciones al despido o la resolución del contrato en todas sus fórmulas. Esta medida es una salida que permite reducir el coste de las indemnizaciones para el empresario, pero que no deja de ser “sorprendente”. En la práctica ello va a suponer que los ciudadanos tengamos que financiar vía impuestos parte del coste de las indemnizaciones por despido. Se ha querido rizar el rizo sobre este tema contentando a empresarios y a sindicatos cuando, como también se ha escrito y comentado en múltiples foros y ámbitos, lo más relevante en este punto no es tanto la cuantía de las indemnizaciones por despido (de hecho hemos sido el país que más despidos o resoluciones de contrato hemos realizado en los últimos dos años) sino la clarificación de los procedimientos. Una vez más se vuelve a olvidar la importancia de la “sencillez” y la necesidad de concreción en las normas laborales. Por ejemplo la creación del llamado “fondo de capitalización” (el llamado modelo austríaco) se deja para 2012 sin saber muy bien porqué no se implanta de inmediato esta medida.

Respecto a los aspectos referentes a la negociación colectiva, una vez más el texto se queda a medio camino. Siendo evidente que la mayor preocupación sindical sobre la reforma estaba en este punto (lo de la reducción de las indemnizaciones por despido estaba según mi criterio descontado por los propios interlocutores sindicales), el texto abre una puerta para que los convenios de empresa adquieran un mayor protagonismo frente a los convenios de carácter sectorial o territorial pero, al mismo tiempo, no se introducen los elementos claros y diáfanos de flexibilidad interna que hoy las organizaciones necesitan. Por ejemplo las normas introducidas sobre movilidad geográfica, modificación de las condiciones de trabajo y la llamada clausula de inaplicación salarial se quedan a medio camino de lo que sería necesario desarrollar y, al mismo tiempo, el recurso a la mediación –para los supuestos de no acuerdo entre las partes- es en mi opinión poco claro y confuso. No parece que sea una regulación que ponga un poco de racionalidad a una realidad que está definida por la existencia de más de 6.000 diferentes convenios colectivos, ni que favorezca de verdad la flexibilidad interna de nuestras empresas y organizaciones ni que desincentive que esta se lleve a cabo fundamentalmente por la vía de la reduccion en el volumen de empleo, o sea el despido.

En lo que se refiere a los aspectos relativos a la intermediación laboral y en particular a la colaboración entre los agentes privados y los servicios públicos de empleo, tampoco la reforma llega, desde mi punto de vista, donde sería necesario llegar. Respecto a las Empresas de Trabajo Temporal se amplía el ámbito de actuación de las mismas y en cuanto a las Empresas de Recolocación por fin se reconoce su existencia legal pero…. aunque el intento sea laudable deberían de haberse arbitrado medidas, una vez más, mucho más claras y diáfanas.

Por una parte en ningún lugar de la reforma se habla del contenido del Plan Social y de la obligación por parte de la empresas de poner en marcha Programas de Recolocación y por otra lo regulado se limita a autorizar las empresas con ánimo de lucro, a establecer un registro de ámbito estatal para esta actividad y a señalar que en su actividad las empresas de recolocación van a tener que coordinarse con el Sistema Público de Empleo. Una vez más se pierde una excelente oportunidad para poner lógica y coherencia en un sistema poco claro y clientelista que consume más de 3.000 Millones de euros anuales en “políticas activas de empleo” y que obliga a muchos desempleados a recibir el mismo tipo de cobertura y apoyo a su búsqueda de empleo, por parte, de diferentes actores que actúan sin ningún criterio de productividad y coherencia y en muchas ocasiones con una ineficacia evidente.  

Parece que, salvo que en el trámite parlamentario ocurra algo totalmente impensable, la Ley de la Reforma Laboral no será mucho más que “un documento más” que con un teórico buen enfoque “rebajar la temporalidad y poner las condiciones para una menor destrucción de empleo y la posterior creación del mismo” en la práctica por su falta de concreción de algunos aspectos, poca claridad en otros, falta de simplicidad, y procedimientos poco claros y complejos sea la respuesta que necesitamos para establecer el marco de Relaciones Laborales que demanda nuestra realidad económica y social.

Acabamos de tener la información sobre las estadísticas de desempleo del mes de Mayo. Parece que por primera vez en muchos meses nos  encontramos con resultados positivos de creación de empleo. Estos datos han sido inmediatamente utilizados por “nuestra clase política” para lanzar mensajes positivos sobre la evolución de nuestro mercado de trabajo. No obstante lamentablemente  seguimos sin afrontar con firmeza y con valentía los retos que tenemos por delante. Un ejemplo lo hemos tenido hoy mismo con las declaraciones realizadas por nuestro Presidente referidas a su compromiso de regular por decreto el 17 de Junio la reforma laboral que los mercados nos solicitan.

En otros comentarios hacía referencia al error que para mí (y probablemente también para muchos) supuso la declaración de Zapatero (realizada al principio de la actual legislatura) en el sentido de que jamás regularía por decreto una modificación de la legislación laboral sin un previo acuerdo entre los interlocutores sociales. Veo que nuestro Presidente persiste en el mismo error. Si aplicamos correctamente sus declaraciones el significado úlimo no es otro que para el supuesto de que los interlocutores sociales fueran capaces de llegar a algún acuerdo con anterioridad a dicha fecha, el gobierno seguiría renunciando a regular por decreto las modificaciones que estima convienen para reformar nuestro marco de relaciones laborales.

Aunque soy de los que pienso que lo que se va finalmente a regular no va a resolver los problemas de fondo de la estructura de nuestro marco laboral y que finalmente hoy van a prevalezar los elementos de marketing dirigidos a “calmar” a los mercados,  y que la reforma laboral –aunque fuera de gran calado- es totalmente necesaria pero no es un elemento clave para la salida de la crisis, no creo que sea de recibo por parte de nuestro ejecutivo una posición como la que hoy hemos leido y escuchado en los medios.

Siendo evidente que es mejor que una reforma sea consecuencia de un acuerdo entre las partes y que todo lo acordado por éstas debe transformarse norma de obligado cumplimiento, no lo es más que el poder ejecutivo en general y sobre todo en la situación en la que vivimos, no puede ni debe nunca renunciar (de entrada) a aplicar un  unas medidas que muchos consideran imprescindibles y necesarias, aunque estas no puedan llegar a ser bien recibidas por las partes.

En todo caso el titulo de mi comentario de hoy iba en el sentido de valorar las últimas estadísticas de desempleo. A pesar de que puedan ser puntualmente favorables, los datos siguen sin engañar a quien desee hacer una lectura profunda o quiera simplemente huir de los titulares. Tenemos 5M de personas que se definen a si mismos como “demandantes de empleo” y esto es muy grave y además es un lastre importante para el futuro de este país.

A pesar de que, teóricamente, puedo ser reconocido como una persona con conocimientos y experiencia en los ámbitos del empleo no se muy bien cómo y que vamos a hacer (inclusive con una reforma laboral que atacase directamente los problemas que tenemos en nuestro mercado de trabajo) para reducir a corto plazo este nivel de desempleo.

Aunque es probable que si realmente se plantea (por acuerdo entre los interlocutores sociales o por imposición gubernativa), una reforma laboral con un cierto calado se produzca un crecimiento puntual del empleo en los próximos meses que además coinciden con los meses de verano y el  impacto del sector turístico, no podemos ni debemos engañarnos.  Lo más probable, lo mas seguro es que, salvo un milagro o un acontecimiento totalmente imprevisto e imprevisible, no vamos a poder crear empleo de forma sustantiva hasta el año 2012. Recordemos que en términos netos no hemos sido capaces de generar empleos mientras el PIB no crecía por encima del 2,4%. Eso ha sido así desde que se gestó el modelo de crecimiento actual. No obstante, es más que seguro que ahora mismo eso sea una aventura inasumible.

Soy uno más de los que pienso que sin un crecimiento cercano al 3%, nuestro país no creará oportunidades de empleo regular que permitan reducir de forma sustancial nuestras perversas estadísticas.

La clave está en que nuestro modelo económico está en una mutuación o cambio total y va claramente a peor. El sector industrial se descompone como reflejan todos los datos macroeconómicos y los precios de producción, el sector inmobiliario, en su conjunto, sigue claramente en una situación que muchos ya han definido como de “UVI”, vivimos una crisis financiera que no favorece la potenciación del crédito ni para las inversiones productivas, vamos a ver cómo funciona de verdad la temporada turística. Los servicios viven en una anorexia de una gestión ineficaz y de escaso valor añadido, con niveles de calidad y productividad en muchos casos francamente deporables. Y el consumo privado, bueno de ello mejor no hablar. Si a ello añadimos que hemos terminado con la alternativa inversora que ha representado, hasta hace algunos meses, los fondos inyectados a nuestra economía por el conjunto de las Administraciones Públicas, no soy capaz de visualizar por ninguna parte “los brotes verdes” que nos ayudarán al crecimiento del empleo.

Lo siento pero no nos espera un buen futuro, y me resisto a creer que puedan surgir acontecimientos o circunstancias que nos muevan de forma positiva al cambio. Lo siento pero lo que nos espera va a ser peor ya que muchos nos habíamos convencido que, habiendo perdido parte de nuestra “riqueza”, tras un cierto periodo de tiempo de adaptación y de “estrecharnos el cinturón” todo volvería más o menos a una normalidad conocida. Hoy estoy convencido de que no va a ser así.