Estuve el martes pasado en el coctel de entrega de los premios de Expansión y Empleo a la innovación en los RRHH, un acto que se ha consolidado como la referencia en la gestión de personas en nuestro país. En relación a los aspectos formales del mismo quisiera destacar las palabras que pronunció en la clausura del acto Juan Antonio Sagardoy, haciendo mención a los elementos claves de la reforma laboral que el nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones de hoy tendrá que llevar a cabo. Sí o sí.

Cree el profesor Sagardoy que el cambio fundamental que necesitamos poner en marcha en la normativa laboral es el replanteamiento y la revisión del principio hasta ahora inmutable de los “derechos adquiridos”. Este principio que el resume con la frase “Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita” ha sido, como sabemos, uno de los fundamentos del derecho del trabajo. Propone que lo pongamos claramente en cuestión y revisión con objeto de que las empresas, de forma negociada evidentemente, tuvieran la capacidad de adaptar (con respeto en todo caso a unos principios mínimos) las condiciones laborales a la situación del mercado, desarrollar criterios de flexibilidad, y permitir que el cambio y la adaptación se instalen definitivamente en nuestro modelo de relaciones laborales.

Os prometo no volver a escribir por algún tiempo sobre reforma laboral, y esperar en todo a analizar lo que va a hacer el nuevo Ejecutivo, salido del proceso electoral. Aquí deseo referirme a lo manifestado por Fernando Eguidazu expresada en Expansión el pasado 16. “De todas las reformas estructurales que se vienen reclamando a nuestro país para posibilitar el crecimiento, la reforma laboral es la más demandada. Hasta el punto de que difícilmente el nuevo Gobierno será creíble sin no hace una reforma laboral seria.”. Y yo añadiría además rápidamente.

En este mes de Noviembre, cuando estamos en cifras de prima de riesgo que en otras circunstancias nos hubiesen llevado a una situación similar a la de Grecia (intervención europea), me gustaría terminar el bloque de reflexiones que he desarrollado en el último año en mi blog www.pauhortal.net con una serie de propuestas sobre lo que probablemente todos convendremos que debería ser una reforma laboral necesaria pero probablemente imposible.

Estamos todos de acuerdo (aunque partamos de perspectivas ideológicas  distintas) que la legislación laboral no crea por sí sola empleo. Sin embargo a partir de este punto de consenso surgen las divergencias. Hay quien opina que no debe tocarse nada o solamente hacer pequeños retoques y que los momentos de crisis no han de ser “momentos de mudanza”, mientras en el otro extremos somos muchos los convencidos de que la tipología de la normativa laboral española es probablemente causa relevante (aunque no sea la única) del incremento del desempleo como consecuencia de la crisis.

Aunque no sea la causa fundamental una normativa laboral puede favorecer o entorpecer el mantenimiento y el crecimiento del empleo. Está claro por lo demás que a pesar de los esfuerzos desarrollados las “reformas” realizadas hasta la fecha no han sido, probablemente, las adecuadas ya que no han atacado los fundamentos perversos de la situación actual, con lo que los resultados han sido claramente desalentadores. El futuro del empleo en nuestro país, su nivel, el mantenimiento o no de nuestra posición “de liderazgo” en los ranking de desempleo dependerá del rumbo que tomen las relaciones laborales en estos momentos de cambio. Es probable que de la reforma que seamos capaces de diseñar y aplicar, dependerá en buena medida la creación de riqueza y su distribución en los próximos años, y sobre todo, en el momento en que la crisis actual sea superada.

Como afirma de forma repetida Federico Durán, “el cambio del modelo económico hubiera exigido hace ya tiempo, modificaciones sustanciales en el marco jurídico regulador de las relaciones laborales”. Necesitamos un nuevo modelo de relaciones laborales que se adapte a las nuevas circunstancias económicas y sociales. Sin embargo  “seguimos pensando con la mentalidad del pasado”.

José Maria Fidalgo ha lamentado reciente el tiempo perdido “que durante un año no se haya hablado en serio, ni se hayan planteado cuestiones importantes como las alertas que nos plantean las perspectivas demográficas y económicas para los próximos años. El mundo dentro de 20 años va a ser muy diferente. En 2020, por ejemplo, los países emergentes compondrán el 54% de la economía mundial”. Nuestro mayor error ha sido no reconocer nuestra situación y consecuentemente no explicar esta situación a los ciudadanos. “Es imposible que si nadie se cree el futuro, participe activamente en promover reformas, porque la condición humana es acomodaticia y conservadora”

Hay quien ha denominado “reforma laboral imposible” a aquella que probablemente nos permitiría entrar con buen pié en la nueva era compleja y difícil que estamos viviendo. La nueva regulación debería permitir a todos los actores tener un comportamiento mucho más equiparable al que tienen en el resto de economías de nuestro entorno. En todo caso algo debemos de hacer para evitar nuestra presencia en los mejores puestos del ranking estadístico sobre desempleo global, (y particularmente juvenil) y los volúmenes de destrucción de empleo.

Lo que necesitamos es un cambio en el modelo de relaciones laborales con cambios sustanciales en algunos de los “tabús o conceptos inamovibles” que consideramos básicos en el modelo social de mercado, empezando por el principio de los “derechos adquiridos”. Cambios que suponen una  reforma laboral necesaria pero impopular, y que exige un cambio radical en algunos comportamientos que hoy, lamentablemente, están muy instalados en nuestro modelo social. He aquí alguna de ellas.

•  Un nuevo modelo cultural que nos lleva a no considerar el trabajo y el empleo como un “derecho adquirido”. Nadie nos debe un trabajo. El trabajo/empleo es un derecho constitucional pero al mismo tiempo no es algo consustancial al que todos tenemos derecho sin esfuerzo (y al que si no podemos alcanzarlo lo sustituimos por el derecho a una prestación económica).
• La empleabilidad es una responsabilidad esencial de cada persona. Es imprescindible que desarrollemos de forma permanente nuestras capacidades, nuestra involucración, y el compromiso con nosotros mismos. Es cada persona la que tiene que hacer el esfuerzo por desarrollar sus capacidades, por adaptarlas a las necesidades presentes y futuras del mercado de trabajo.
• Los “derechos sociales”, no van a ser en el futuro conquistas irrenunciables. Al margen de que el Estado pueda garantizar un mínimo de subsistencia de carácter temporal la obligación de cada individuo es la de asumir la responsabilidad sobre sí mismo.
• Las indemnizaciones vinculadas a la antigüedad en la empresa son una idea a replantearse. No es importante tanto la cifra que proceda, aunque esta deba reducirse e equipararse con el resto de normativas europeas, con un replanteamiento de los términos de computo. El despido de cualquier trabajador debería fundamentarse en un concepto tasado, definido y equitativo para el conjunto de los trabajadores. Otra cosa es que esta situación genere derechos diferentes en función de un sistema de capitalización individual sobre la base de la capitalización que pueda efectuarse individualmente en base a lo que se denomina “modelo austríaco”.
• Un modelo de contratación simple y comprensible de carácter indefinido pero con posibilidad de “divorcio”. La relación laboral debe de mantenerse en la medida de que las partes estén satisfechas. Si por alguna razón una de las partes deja de estarlo, el contrato debe poder romperse, de forma clara, diáfana y previsible.  
• La protección social debe de estar condicionada al esfuerzo que realice el perceptor para acceder de nuevo a un empleo. Las prestaciones deben de ser un incentivo para buscar trabajo cuanto antes y deben de suponer incentivos para ello.
• La redefinición del rol de las organizaciones sindicales y empresariales, su financiación y cambios en el modelo de negociación colectiva. El modelo actual es francamente perverso. Presupone que estas organizaciones estén mucho más preocupadas por mantener el “status quo” que por atacar en profundidad los problemas con los que nos enfrentamos.

Hasta aquí algunas de las modificaciones que son, desde mi punto de vista necesarias de implementación inmediata. Y si ello supone repetir el modelo de “Pactos de la Moncloa”, hágase. Son reformas claramente complejas, que suponen cambiar los hábitos que se han instalado en nuestra cultura social pero que son necesariamente imprescindibles y que deben abordarse lo más pronto posible. Cambios que deben de hacerse, evidentemente, de forma negociada con los interlocutores sociales, pero que no deben supeditarse a tal acuerdo. El parlamento debería en este caso asumir su responsabilidad.

Si a estas reformas de calado y a las que he denominado “imposibles” les unimos cambios de carácter más simple como: la eliminación total del recurso al acceso a las prejubilaciones con cargo a los fondos públicos, la introducción de incentivos a la contratación juvenil, mayor flexibilidad en la negociación colectiva y la consolidación del modelo competitivo en la gestión del empleo –que evidentemente también son necesarias- seremos capaces de dotarnos de una normativa mucho más adaptada a la nueva realidad en la que estamos entrando y superar los graves problemas de los que adolece nuestro mercado de trabajo.

Me pregunto si el próximo Ejecutivo tendrá la voluntad y la capacidad para llevarla a cabo.

Estos son los datos. Al margen de los 5 millones de desempleados, lo que resulta más significativo de los datos recientes es el hecho de que tengamos un porcentaje de desempleo del 50% entre nuestros jóvenes. Creo recordar ahora que nuestro gobierno (hace tan sólo 2 años) pronosticaba que en España jamás se alcanzaría la cifra de 4M de desempleados. Y todo ello además cuando nos hemos empezando a convertir, de nuevo, en una sociedad de emigración. He leído recientemente que más de 200.000 profesionales han abandonado nuestro mercado de trabajo mientras que, por ejemplo, los datos de inscripción en la web de ofertas de empleo de la embajada alemana no dejan de incrementarse.

Evidentemente los Ministros de Trabajo que han ocupado el puesto desde los inicios de la crisis, no son los únicos responsables de la situación. Recordemos que uno de los principios básicos a que hay que atenerse es que ni desde el departamento/ministerio de trabajo ni desde la legislación se crea empleo. El empleo se crea en función de una serie de circunstancias, con el apoyo y soporte de una legislación que sea favorable a su creación. De todas formas  probablemente algo más podría haberse hecho.

Ante éste panorama tan desalentador, nos hemos dedicado en primer lugar a negar la crisis, para después decir que esta se resolvería en el próximo semestre, y a tomar unas medidas “cosméticas” que pretendían lanzar un mensaje a “los mercados” pero que no atacaban de verdad nuestros problemas ni suponían cambios sustanciales. He escrito en otro artículo que tengo mis dudas sobre que los momentos de crisis sean los mejores para plantearse grandes reformas pero, como no hemos el trabajo, cuando podíamos y debíamos hacerlo, habrá que hacerlo ahora.

En este contexto, al margen del cual sea el resultado electoral de las próximas elecciones, resulta evidente la necesidad de articular una nueva “reforma laboral” que no sea un parche más, como la que hemos vivido recientemente, y que se fundamente en una revisión radical del remendado, viejo y lamentablemente descosido ordenamiento jurídico laboral español. Necesitamos cambios laborales sustantivos que cambien los criterios de actuación de todos los actores del mercado de trabajo, que simplifique el marco legal, que consolide la flexibilidad en el seno de las empresas y que (no nos olvidemos hoy de lo más importante) faciliten el acceso de nuestros desempleados al empleo.

La nueva reforma debería, por último, definir unas reglas de juego en la interlocución social, que flexibilicen los procesos de negociación, reduzcan la burocracia y acerque la decisión final al seno de la empresa. No se trata de atacar ni modificar los derechos constitucionales, se trata simplemente de interpretarlos y aplicarlos de forma más adecuada para la realidad en la que estamos viviendo.

La reforma necesaria, la que de verdad habrá que llevar a cabo (y cuanto más rápido mejor) deberá conllevar modificaciones sustanciales en algunas de las “reglas del juego” que lamentablemente han arraigado en nuestro modelo laboral. Debería por tanto no basarse estrictamente en modificaciones legales (que sin duda habrá que hacerlas en la línea de simplificación y flexibilidad) sino afectar también a aspectos como la educación reglada y profesional, la formación para el empleo, y la dinámica de la cohesión social.

Probablemente mucho más relevantes que los temas relativos al despido lo serán aquellos que afecten a los tres grandes aspectos que han sido lamentablemente abandonados por las reformas realizadas en la última legislatura como son: Contratación, Negociación Colectiva/Flexibilidad y Coberturas al Desempleo.

En materia de Contratación el elemento más relevante, sería el de la simplificación del sistema diseñando 2/3 grandes tipos de contratos que permitieran adaptar la contratación a las necesidades reales del tejido empresarial. Recordemos que una de las perversidades de nuestro modelo es la dicotomía, inexistente en el resto de nuestro ámbito geográfico, entre contratación temporal y fija.

El enfoque de un Marco de Negociación Colectiva más adaptable a las circunstancias actuales de nuestro mercado de trabajo es urgente, y no sólo en los ámbitos estrictamente formales sino también en los que se refieren a los mecanismos mentales con que los negociadores enfocan este mismo proceso. Todos deberíamos de reconocer y admitir que cuestiones como la modificación funcional, la de condiciones de trabajo (incluida el tiempo de trabajo y los horarios), la flexibilidad salarial, etc son elementos claves para permitir organizar y adaptar mejor los recursos existentes en una organización a las necesidades cambiantes del mercado y que sin duda derivarían en una mayor estabilidad y en asegurar, muchas veces, la continuidad de una empresa y por tanto del empleo.

Por último en cuanto al campo de las Coberturas sociales en materia de Desempleo es necesario articular un sistema de incentivos reales a la búsqueda y al acceso al empleo. Entre otras perversidades es necesario modificar el criterio de “derecho o subsidio” que hoy tienen, socialmente, las prestaciones de desempleo.

El Círculo de Economía publicó hace unos meses un “papel” en el que resume su posición sobre los males de nuestro mercado de trabajo que me permito resumir aquí y que son en mi opinión las bases del análisis previo de la reforma que habrá que hacer:

(1)   Un mercado dual con unos niveles de temporalidad insostenibles. Los niveles de contratación temporal son un lastre para la consecución de puestos de trabajo de calidad, dado que ni los trabajadores ni las empresas tienen incentivos para desarrollar e implementar planes y acciones formativas que desarrollen la empleabilidad de los recursos humanos. Además esta dualidad se da fundamentalmente en los sectores de trabajadores más jóvenes y teóricamente más preparados con lo que lo único que se hace es potenciar su desmotivación.

(2)   Un mercado de trabajo excesivamente vulnerable a los ciclos económicos. Lo que conlleva que se deteriore aceleradamente en las situaciones de crisis y que nos aboca a disponer de niveles de desempleo muy superiores a los del resto de los países de nuestro entorno. Recordemos que en el 2007 nuestra tasa de desempleo era del 8% (el doble de lo que se considera estructural) y que está llegando al 24% de la población activa (cifra muy similar a la alcanzada en el año 1995). Ello favorece la depreciación y la no adaptación de nuestro capital humano y la asunción de costes sociales (desempleo, prejubilaciones) que cargan indebidamente nuestros presupuestos y que probablemente sean la rémora para otro tipo de acciones y de políticas que favorecerían el desarrollo económico. O sea el gato que se come la cola.

(3) Unos niveles de duración de las ocupaciones muy bajas en comparación con la UE. Frente a un 43% de los trabajadores que llevaba más de 10 años en la empresa en Europa nuestro nivel era en 2007 de solamente el 30%. Aunque parte de este desfase puede deberse al gran volumen de creación de empleo que se ha producido en nuestro país en la última década, coincidiendo con la llegada de un gran volumen de inmigración, este dato muestra que un marco legal de baja flexibilidad (donde muchas veces resulta más fácil despedir que conseguir modificaciones contractuales que permitiesen la continuidad de una relación) y nuestro sistema de protección social no consiguen alargar las relaciones labores, permitiendo que al margen de no conseguir una mayor motivación e implicación de los trabajadores en un determinado proyecto empresarial, no favorecen la inversión en formación, adaptación y reciclaje.

(4) Un sistema de negociación que impide que las condiciones de trabajo se adapten a los ciclos económicos. No es posible que se hayan establecido en los primeros años de la crisis revisiones salariales en conjunto del 5% de media a pesar de la contención de precios y del ajuste en la ocupación que ya estábamos viviendo. Una legislación necesitada de cambios en materia de negociación colectiva y unas estructuras de los  “interlocutores sociales” (patronal y sindicatos), muy alejadas de la realidad empresarial, hacen que las relaciones laborales no puedan adaptarse a las realidades económicas.

(5) El diferencial en las tasas de absentismo. Es el resultado de un conjunto de factores (tipología de la contratación, falta de motivación y de integración, falta de conciencia social al valor del trabajo, etc) y es síntoma del deterioro de la sintonía y complicidad entre las dos partes de la relación. Pero se produce también por la inexistencia de control y de unos procedimientos que necesitan una urgente revisión..

En resumen debemos de plantearnos y proponer una reforma que dé la vuelta como un calcetín a un mercado laboral ineficaz basado en los “males o perversiones anteriores”, profundizado si cabe por un marasmo de normas y la existencia de unos niveles de protección que aunque no sean excesivos (comparados con el resto de países de nuestro entorno) están claramente mal enfocados y que ni incentivan ni motivan a la ocupación ni garantizan su continuidad.

 Esta reforma cuyo objetivo fundamental no puede ser otro que la de reactivar el empleo no pasa solamente por medidas legales, debe suponer cambios sustanciales de la mentalidad, cambios en los procesos formativos, cambios en los roles y en la actuación en el día a día de todos los actores. Es evidente que éstos cambios no van a poderse realizar en un día, pero si no empezamos a provocarlos como consecuencia de nuevas medidas legislativas, nunca se llevarán a cabo.

Probablemente todo esto sólo puede resolverse por un mix entre medidas concretas de aplicación inmediata y un nuevo y urgente “pacto de la Moncloa” en el que las principales fuerzas políticas y agentes sociales reflexionen y concierten un nuevo modelo de mercado laboral. El rol que nos corresponde dentro del contexto económico y mundial es muy distinto que el que podíamos tener en la década de los 80. O nos adaptamos nosotros mismos o nos adaptarán. Siempre es mejor que lo hagamos por nosotros mismos y fruto de un consenso social.

Hace algunas semanas tenía en mis manos un informe del FMI que aseguraba que la competitividad española estaba cayendo en picado y que, salvo circunstancias excepcionales, seguirá cayendo en los próximos años.

En estas fechas en las que casi todo se paraliza, en la que la mayoría estamos ya empezando unos días de descanso, en la que muchos vamos a buscar algunos momentos de relax y de replanteamiento de temas y proyectos, es conveniente, sin embargo, que no nos olvidemos de que a la vuelta (al margen del proceso electoral en el que nos veremos inmersos) deberemos seguir enfrentarnos ante una situación compleja y difícil y en la que vamos a seguir teniendo la necesidad de seguir ajustándonos sin que, por otra parte, parace que sepamos aprovechar tales ajustes para mejorar la plataforma sobre la que sustentar el necesario cambio de modelo económico.

Un nuevo modelo del que lamentablemente ya nadie casi habla. Un ejemplo: ¿Alguien es capaz de recordar algo sustantivo sobre el famoso concepto de economía sostenible, lanzada por nuestro ejecutivo hace algún tiempo?. No tengo ninguna duda y si todas las certezas, de que o no tenemos modelo alternativo o hemos hecho muy poco para dar con él. Parece que todas la soluciones pasan por el turismo, los servicios y las inversiones en el extranjero. Francamente no creo que sea suficiente.

A excepción de la profundización del peso internacional de nuestra economía (lo que evidentemente es muy favorable a medio y largo plazo) no percibo por ninguna parte que hayamos sabido crear “un modelo alternativo” al industrial/construcción/turismo en el que fundamentamos el crecimiento de nuestra economía en los años anteriores al 2008. A pesar de que mucha gente se refuerza en la frase de que “las crisis son buenas para ofrecer nuevas oportunidades y con el optimismo y la confianza saldremos de esta”, reiteradamente usada por nuestro actual presidente, no parece que tampoco los términos utilizados por el actual líder de la oposición “con el gobierno actual no saldremos, hacen falta ideas nuevas que traeremos gente que ya gobernamos hace un montón de años”, nos anuncien la buena nueva que nos permitirá, quizás un tanto milagrosamente, salir del marasmo en el que nos encontramos.

En términos reales los datos macroeconómicos no pueden ser más negativos: Seguimos sin crecimiento económico, no existe el crédito para las pymes, mantenemos niveles de desempleo cercanos al 20%, y el consumo está en situación agonizante. Por ello es evidentemente claro que necesitamos de un nuevo impulso para gestionar los cambios que precisábamos para abandonar un modelo que se ha mostrado claramente obsoleto, y que ha hecho que nuestra economía destaque por ser la que muestra peores ratios en crecimiento económico y se mantenga en las primeras posiciones en el volumen de desempleo.

Recordemos los datos recientemente confirmados por la EPA. Hemos pasado de 1,7M de desempleados (junio del 2008) a 4,8M tres años después. Constatamos que a pesar de que fuimos capaces de crear 8M de empleos en los años de bonanza muchos de ellos se han perdido con la crisis y no parece que puedan recuperarse a corto plazo. Destaquemos que la contratación fija sólo se ha reducido en estos tres años en 46.000 personas. Recordemos, por último, que el volumen de desempleo entre los trabajadores inmigrantes (a pesar de que más de 300.000 de ellos han abandonado nuestro mercado de trabajo) sigue situado en niveles superiores al 30%

Es evidente que todos estos datos ponen de manifiesto con claridad la dualidad de nuestro mercado de trabajo, una circunstancia a la que me he referido en reiteradas ocasiones en mi blog y uno de los elementos de “perversidad” de nuestro marco de relaciones laborales.

Aquí es donde estamos y donde vamos a estar en Septiembre.

Mientras tanto no sé qué nos espera al inicio del curso. En todo caso reafirmar que siguen siendo necesarias medidas creíbles y urgentes que de verdad incentiven el mantenimiento del empleo y que protejan a los que lo pierden. No tengo claro que no sea necesaria una profundización de la reforma laboral desarrollada por el ejecutivo actual. Es duro reconocer que las víctimas colaterales son casi siempre las mismas y que jóvenes, inmigrantes y los peor formados son los que integran la gran masa de nuestros desempleados y a los que lamentablemente estamos abandonando. Todavía sigo sorprendiéndome por la falta de mayor conflictividad social.

Ahora bien, como hay que ser positivos, esperamos que algo ocurra en los próximos meses para que (con el apoyo o a pesar del nuevo gobierno) podamos iniciar un nuevo camino que nos lleve a corregir los desequilibrios que entre todos hemos creado. Siempre nos quedará la esperanza y el deseo de que lo que venga a partir de Septiembre sea sin duda mejor de lo que estamos viviendo en estos momentos.

Feliz verano a todos.

Como continuación a lo que publiqué recientemente sobre la problemática del desempleo juvenil, a instancias de la Fundació Exit, me propongo escribir estas líneas dado que hemos podido constatar cómo este tema parece que de pronto se está convirtiendo en el tema estrella de la política española del momento, a pesar de los grandes titulares que provoca la crisis griega. Tanto es así que incluso en el comité federal del PSOE, posterior a las elecciones Municipales y Autonómicas, Rodriguez Zapatero dedicó tanta o más atención a este tema que a los problemas internos generados por la debacle electoral, confirmada después por la pérdida del control de todas las autonomías en las que su partido gobernaba, incluida Extremadura.

Quiero destacar entre todo lo que se ha publicado recientemente sobre este tema el comentario de Iñigo Sagardoy en Expansión de hace un par de semanas. En él Iñigo con excelente criterio afirma “ Mientras asistimos, con cierta sorpresa, a las recientes muestras de indignación de los jóvenes españoles en los principales centros urbanos de nuestro país, el Gobierno desbordado por las altísimas tasas de desempleo de la juventud y consciente de la prioridad de este tema, ha vuelto a reabrir el debate para la búsqueda de medidas que incentiven de modo inmediato el empleo de la población juvenil”.

Sólo con la capacidad de ofrecer empleo a nuestros jóvenes será posible resolver el problema “de orden público” que supone el movimiento del 15-M, (sobre los otros aspectos del movimiento ya me he manifestado en este blog). Conviene que no olvidemos que somos los primeros del ranking europeo en tasas de desempleo juvenil que alcanza el 45% de la población activa y que convivimos con socios como Alemania en donde la tasa no alcanza ni por mucho el 10%.

Iñigo hace referencia en su comentario al nulo impacto en este punto de los nuevos mecanismos establecidos por la Ley 35/2010, conocida coloquialmente como la de la Reforma Laboral, y el Decreto que promueve una serie de incentivos a la contratación a tiempo parcial. Expone claramente que los aspectos básicos de la normativa a que nos referimos se centraban en aspectos tangenciales –como las bonificaciones a la contratación- sin que se hayan introducido mecanismos dirigidos a atacar la raíz del problema y propone la necesidad de establecer un “plan de choque” con medidas como las siguientes.

La primera la creación de un contrato único de trabajo con algunas salvedades como la puesta en marcha de un contrato de iniciación y fomento del empleo juvenil para la población entre 16 y 30 años. La segunda modificar sustancialmente el actual modelo del contrato de trabajo a tiempo parcial. La tercera la puesta en marcha de programas de asesoramiento individualizado para jóvenes que impulsen su flexibilidad y movilidad.

Estas son medidas a corto plazo, que podrían dar efectos inmediatos, que aunque a corto plazo generasen poco empleo, nos pondría en mejores condiciones para que hubiese un impacto real en el empleo en el momento en que las circunstancias de la crisis mejoren. Estas medidas a corto deberían de complementarse con otras a medio largo centradas en establecer una nueva relación entre formación y empleo en todos los niveles de la enseñanza media, desincentivando la formación superior, potenciando social y académicamente la formación profesional y generando interés y atracción por todo lo relacionado con la labor de los emprendedores.

Sólo con mecanismos de flexibilidad seremos capaces de crear empleo para nuestros jóvenes y dejar que éstos sigan percibiendo como fundamental salida laboral el trabajo en cualquiera de los ámbitos de la administración pública, que por cierto tampoco va a ser, necesariamente, un gran motor en materia de empleo en los próximos años.

En una de mis últimas entradas en “mi diario” me refería a los acontecimientos ocurridos en Japón y la necesidad de liderazgo para transformar las crisis en oportunidades. Aunque la situación, evidentemente, no es ni mucho menos comparable, de la misma forma que no dudo de la capacidad del Japón para salir, inclusive reforzado si cabe, de esta situación, sigo teniendo sensaciones negativas sobre nuestra capacidad para “salir de ésta”. Que finalmente saldremos estoy seguro pero ¿cuándo y en qué posición?: En ello francamente tengo más dudas.

Creo que nos falta como diría alguien que conozco bien “una de liderazgo” que lamentablemente no veo por ninguna parte, ni en el gobierno ni lamentablemente en la oposición. Hay que leer los artículos de Pedro J. Ramirez en EL MUNDO para constatar la falta de liderazgo de nuestra clase política lo que nos lleva a una situación grave de falta de credibilidad y un desapego sobre la “cosa pública” que probablemente será caldo de cultivo para posiciones extremas o de ultraderecha como se está demostrando en los procesos electores que se han celebrado en las últimas semanas en Europa.

Esta falta de liderazgo se muestra también en el ámbito de la gestión económica (no solo en la política). Aunque he reconocido abiertamente mi admiración profesional por Juan Rosell y por Valeriano Lopez y he valorado muy positivamente sus elecciones como nuevo presidente de la CEOE, y su nombramiento como Ministro de Trabajo, respectivamente, creo que el proceso de negociación sobre la reforma de la negociación colectiva y el acuerdo que parece que está a punto de alcanzarse (o que se alcanzará no os quepa ninguna duda, aunque sea con grandes retrasos sobre el calendario previsto) va a dejar mucho que desear y aunque sea un paso adelante, lamentablemente, no supondrá los cambios que probablemente necesitamos para incrementar nuestra competitividad global.

Probablemente una vez más sea el acuerdo que se alcance será el único posible. Sin embargo creo que habría que haber ido mucho más allá si lo que se deseaba, era modificar de verdad y no tan sólo hacer un maquillaje estético en relación a determinados, evitar la burocracia y el gasto en recursos que estamos asumiendo (todos) en este ámbito. En el fondo seguimos preocupándonos más por la gestión de las cosas y el mantenimiento de determinadas estructuras corporativas que por avanzar en las reformas que nuestro país necesita para seguir ocupando un lugar de privilegio en el nuevo reparto económico mundial. Una vez más se muestra que frente a las reformas que parecen necesarias (y en las que todo el mundo más o menos coincide aunque con los matices naturales en función de a quién se representa) terminarán imponiéndose los intereses personales y localistas de unas determinadas “burocracias” que perderían su “razón de ser”.

Aunque esté plenamente de acuerdo con lo que Jesus Cruz Villalon afirmaba recientemente en EL PAIS en el sentido de que “la negociación colectiva constituye una institución central y con un impacto enorme sobre la actividad económica y la sociedad en general” no parece que la necesidad de adaptación y modernización del modelo de negociación colectiva pueda desarrollarse si dejamos la referencia básica del mismo en el modelo de carácter provincial y si no se es capaz – a pesar del reducido tamaño de muchas de nuestras unidades empresariales – de “reforzar el poder de los acuerdos interprofesionales generales pactados e introducir incentivos legales para que adquieran un mayor peso los convenios empresariales y los estatales, refundiéndolos en grandes sectores productivos, con progresiva desaparición donde fuera posible de los convenios provinciales”.

Llamo la atención en el sentido de que aunque sea posible alcanzar acuerdos y avanzar en la introducción de elementos de flexibilidad dentro de las organizaciones si no se resuelve el grave problema de la estructura de la negociación colectiva empezando por la rotura del principio imperante en el sentido de que un convenio de rango inferior sólo pueda superar a uno de rango superior, poco se va a avanzar.

Aunque como afirma Toni Ferrer “el problema de España está fundamentalmente en la estructura productiva” y yo esté plenamente de acuerdo con él, el hecho de que finalmente no logremos introducir medidas reales que modifiquen los hábitos y actitudes de las partes, empezando por eliminar ámbitos de negociación sin sentido supondrá un freno a la necesaria adaptación de nuestra estructura productiva a un nuevo contexto mundial en el se valorará la formación y la calidad de una estructura laboral pero también su flexibilidad y capacidad de adaptación.

Algo que tendremos que hacer por nosotros mismos o nos harán hacer aunque nos pese.

Me he referido reiteradamente a la necesidad de liderazgo para transformar las crisis en oportunidades. Sin embargo creo que nos falta como diría alguien que conozco bien “una de liderazgo”. Pienso, por ejemplo, en lo ocurrido en el Japón y en la necesidad imperiosa de que frente a un entorno complejo y difícil surjan líderes capaces de actuar como referentes. No sé lo que ocurrirá finalmente en este país aunque pienso que finalmente saldrá inclusive reforzado de la situación, probablemente porqué será capaz de compensar la falta de grandes líderes por una cohesión social muy fuerte.

Aterrizando en nuestro entorno no veo, lamentablemente, ni liderazgo, ni la suficiente cohesión social.

Siendo evidente que nuestra situación en términos de catástrofe, no es como la japonesa, en términos sociales y económicos es, sin embargo, mucho más compleja y difícil de lo que nos gustaría, y sobre todo mucho más compleja que nuestros líderes políticos nos muestran. Ya veremos que va a ocurrir después de las próximas elecciones locales y autonómicas. Mientras tanto no percibo por ninguna parte, ni en las filas gubernamentales ni lamentablemente tampoco en la oposición que probablemente tendrá la oportunidad de gobernar en 2012, el liderazgo que este país necesita. Esta falta de liderazgo tiene como natural consecuencia un descenso sustancial en los índices de credibilidad en la “gestión de la cosa pública” y un desapego que probablemente será caldo de cultivo para la reaparición a medio plazo de posiciones políticas extremas o de ultraderecha como ya está ocurriendo en los procesos electores que se han celebrado en las últimas semanas en Europa.

Esta falta de liderazgo se muestra en todos los ámbitos. Lo de las listas electores para las elecciones autonómicas es un ejemplo. Lo ocurrido con la gestión de la crisis es otra muestra. Y que decir tiene lo ocurrido con Bildu y las manifestaciones que casi todos han realizado sobre este asunto.

También me parece que lo que está ocurriendo con la negociación de la reforma de la negociación colectiva es muestra de que esta falta de liderazgo no sólo se está produciendo en los ámbitos políticos sino también en los económicos. Estoy plenamente de acuerdo con las afirmaciones de Toni Ferrer en el sentido de que “el problema de España está fundamentalmente en la estructura productiva”, una estructura inflexible, encorsetada, poco racional consecuencia entre otros de que no hayamos sido (y parece que tampoco vamos a ser por ahora) capaces de introducir medidas que la hagan más flexible, adaptable, cambiante etc.

Seremos capaces de introducir cambios en nuestra estructura productiva cuando, aparte de otros factores, introduzcamos cambios reales en el ámbito que técnicamente se denomina “negociación colectiva”. Aunque quiero referirme a este punto en una próxima entrada solo significar en este momento que parece que nadie recuerde que tenemos un marco laboral que supone de hecho frenos reales a la necesaria adaptación de nuestra estructura productiva a un nuevo contexto mundial en el se valorará fundamentalmente la formación y la calidad de una estructura laboral pero también su flexibilidad y capacidad de adaptación.

Pero no debemos preocuparnos. Será algo que, una vez más; haremos por nosotros mismos o en respuesta a exigencias externas aunque nos pese.

Volvió a caer recientemente en mis manos un artículo de Angel Uribe publicado en el Pais con el título que encabeza este mensaje. Lo que proponía el autor tan brillantemente en su artículo y el mensaje de “injusticia intergeneracional” me ha hecho reflexionar sobre los criterios de equidad de nuestro marco de relaciones laborales en general y de los ámbitos de contratación en particular. Y en los que, lamentablemente, se ha hecho muy poco, con las reformas legislativas o acuerdos recientemente alcanzados y que ya están en vigor y que forman el conjunto de lo que se denomina “reforma laboral”.

Angel planteaba en su excelente artículo un paralelismo entre el mercado de la vivienda y el mercado de trabajo analizando las motivaciones negativas al alquiler y a la contratación. Señalaba que uno de los desincentivos a la contratación laboral es, sin duda; los altos costes indemnizatorios en los procesos de resolución. Insistía en el hecho de que, la mayoría de los expertos, desde el llamado Manifiesto de los 100 hasta organismos como el FMI, la OCDE, y el Banco de España han señalado por activa y por pasiva que la rigidez en las condiciones de resolución contractual (económicas y de otro tipo) resultan ser una variable fundamental para la creación de empleo.

Evidentemente somos un caso “paradigmático” ya que la rigidez de nuestra normativa laboral, y unas prácticas empresariales totalmente cuestionables, nos ha llevado a situaciones como las siguientes: Tener una tasa de temporalidad mucho más alta que el resto de países de nuestro entorno, disponer de una estructura laboral totalmente segmentada y diferenciada entre los trabajadores con contrato fijo y los temporales, ser uno de los países de la UE con más bajos índices de ocupación de los jóvenes menores de 25 años y liderar el ranking europeo en tasa de desempleo.

La dualidad de nuestro mercado de trabajo entre una alta protección y cobertura del contrato indefinido y una bajísima protección del contrato temporal genera un nivel de temporalidad en la contratación que no tiene parangón en el resto del mundo desarrollado. Nos sorprendemos de la creciente preocupación en los EEUU cuando ellos visualizan la posibilidad de alcanzar un 10% de desempleo, mientras que nosotros “navegamos” con total tranquilidad y sin “inmutarnos” con índices superiores al 17/18%. Nuestro mercado de trabajo potencia lo que he denominado – siguiendo la expresión utilizada por Angel- injusticia intergeneracional.

El coste social que supone que tengamos a 1 de cada 3 jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo, -datos recientes de la EPA- me lleva a preguntarme ¿porqué no se ha sido capaz, en el ámbito de los acuerdos alcanzados recientemente para la reforma del mercado de legislar para corregir esta injusticia?, y en concreto ¿porqué no se ha puesto en marcha alguna modalidad contractual parecida al concepto de contrato único?

Y mientras tanto han pasado ya los tres primeros meses del año y lo único que somos capaces de hacer es retrasar la fecha en la que tan mañida recuperación económica impactará realmente y de forma positiva en los niveles de desempleo.

Recordemos que los expertos han denominado como contrato único a aquel que, manteniendo los derechos ya adquiridos por los trabajadores en activo, tiende a reducir la protección del contrato indefinido con la contrapartida de incrementar la estabilidad del contrato temporal. Ayer estuve cenando con un amigo empresario (más de 800 empleados) y me significaba lo que hoy, creo, es un clamor en la clase empresarial. “La reforma laboral no ha servido para nada, no ha supuesto para nosotros ningún cambio en la práctica más allá de que parece que se está haciendo más fácil el despido. En términos de contratación, no hemos notado nada, nuestra estrategia sigue siendo la de tener el mayor número de trabajadores temporales posibles”.

Mientras muchos empresarios piensen y actúen de este modo no vamos a ser capaces de afrontar con éxito las “injusticias intergeneracionales” de nuestro mercado de trabajo y no enfocar, atacar y resolver el problema de la generación denominada “ni-ni” que ve sus perspectivas de empleo y formación seriamente disminuidas y que tiene como único objetivo acceder a un empleo en el entorno de la administración pública. Y si ello es así es porque –aparte de la gravedad del problema- se trata de un colectivo muy complejo, “no sindicalizado”, poco conflictivo en términos sociolaborales y sobre el que, una vez más se ha mostrado una falta de voluntad o de capacidad de impulsar el cambio por parte del conjunto de las estructuras de decisión de nuestros interlocutores sociales.

Algo habrá que hacer a medio plazo en este tema ya que es te es uno de los más graves problemas que nos va a tocar vivir. No os quede ninguna duda.

Con niveles de desempleo próximos a los 4,5M de desempleados no cabe duda que las políticas activas para el empleo tenían que repensarse, y que era absolutamente necesario introducir en este ámbito elementos de competitividad que son comunes en nuestro entorno y que, por otra parte, muchos estábamos reclamando desde hace muchos años.
Por ello saludo positivamente la iniciativa que Gobierno y Agentes Sociales han consensuado y que se ha plasmado en el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la Empleabilidad y la reforma de las Políticas Activas de Empleo y en el antecedente que supuso el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulaban las agencias de colocación.

Muchos de vosotros sois conocedores de mi trayectoria profesional y el esfuerzo que, junto con algunas otras personas, desarrollé durante más de 10 años destinado a conseguir que nuestra legislación regulara la actividad de las empresas de recolocación. Bueno parece que finalmente esta regulación se ha conseguido. Lamentablemente ha sido necesaria una “crísis económica sin precedentes” (como se señala en la propia exposición de motivos del RDL) y la constatación (por otra parte más que evidente) que la introducción de elementos de competitividad en la gestión del empleo y en la de las políticas activas en particular no podía derivar mas que un resultado de eficacia.

Al margen de otras consideraciones de carácter más técnico que probablemente haré en otro comentario, es necesario saludar y reconocer la definitiva consolidación de un modelo que definitivamente proyecta un marco de claridad, transparencia y eficiencia y que, como ya he indicado, nos acerca a un modelo de gestión del empleo común al resto de los países de la UE. Un modelo en el que como en el resto de ámbitos como la educación y la sanidad la colaboración y competencia de los sectores público y privado se han mostrado como el más eficaz y el que mejor conjuga el interés social con la consecución de resultados. Un modelo que muestra con una concreción explicita, (Holanda es el paradigma) que el Servicio Público de Empleo es tanto más eficaz en su labor de inserción cuando compite realmente con el sector privado.

Por tanto, aunque esté convencido de que la legislación consensuada es fruto del café para todos y que probablemente será necesario reformar a corto plazo es, sin duda, un paso adelante, que redundará en una mayor eficacia y productividad en la gestión de los recursos y en una mayor eficacia en la labor de inserción de los desempleados.
A pesar de que las politicas de empleo no crean empleo si que resultan tanto o más eficaces cuando se desarrollan con criterios de eficiencia y responsabilidad.

No existe “gestión responsable” sin que en ella se introduzcan criterios de eficacia en términos económicos. Gestión responsable que no tan sólo puede o deber abarcar al mundo empresarial sino que es necesario introducir e incorporar como guía en el ámbito público donde también se hace imprescindible la conjunción de las dos “R”. Responsabilidad y Resultados.

El nuevo marco legal no conseguirá los resultados requeridos si no supone cambios en los paradigmas que han sustentado la gestión “tradicional” de las políticas activas que han destacado por lo menos por la falta de control y por una correcta y adecuada evaluación de sus resultados. Sin este ejercicio, sin análisis de eficacia de las políticas y acciones en este ámbito, no conseguiremos los objetivos propuestos que, como en la propia exposición de motivos de la norma se indica no son otros que “la necesidad urgente de una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo con el objeto de adaptarlas a la realidad del mercado laboral y a las características del territorio, aumentar su eficacia en la mejora de la empleabilidad y las posibilidades de inserción de las personas desempleadas”.

Somos muchos los que pensamos que muchas de las acciones que se han desarrollado en estos ámbitos en los últimos años han tenido como destino otras prioridades, probablemente igual de legítimas, pero no aquellas para las que “formalmente” estaban destinadas. Una situación lamentablemente sustentada y amparada por la falta de criterios claros y definidos de evaluación de tales acciones “con el objetivo de responder con decisión a las profundas secuelas que está dejando la crisis económica-financiera en nuestro mercado laboral”, como asimismo se destaca en la norma comentada.

Que no se hayan establecido criterios de evaluación de los recursos públicos destinados a los denominados programas experimentales y mucho menos a los de carácter privado destinados a los programas de recolocación incorporados en los llamados “planes sociales” es claramente significativo.

Es indudable que la legislación que se ha consensuado era probablemente el mínimo necesario, y que los propios actores son conscientes que habrá que reformar a medio plazo. Sin embargo esta revisión se hará mucho más urgente y necesaria si (al margen de evitar el intrusismo en éste ámbito) no se establecen rápidamente y con claridad criterios de evaluación y análisis de la eficacia de las acciones desarrolladas.

Desde aquí manifiesto mi voluntad de estar presente en este nuevo marco a través de Alius Modus y el convencimiento de que algo tenemos que aportar.

Vuelvo a escribir sobre temas de empleo recordando que el año pasado se siguieron destruyendo en nuestro país más de 200.000 empleos. Esta claro que es una noticia totalmente nefasta dado que el resultado final es que tenemos registrados en los servicios públicos de empleo más 4,1 millones de desempleados, más de la mitad generados desde el año 2008 y como consecuencia del impacto “español” de la crisis inmobiliaria.

Aunque es evidente que se ha reducido la velocidad de destrucción de empleo (en los años 2008 y 2009 se redujeron 840.000 y 720.000 empleos respectivamente) lo que sin duda puede ser utilizado como dato positivo por alguna parte de nuestra clase política, no debemos llevarnos a engaño, la situación del empleo es catastrófica y el volumen de unidades familiares con todos los miembros en desempleo y el de que no se perciben rentas de ningún tipo no va a dejar de crecer.

Lo más significativo de los datos del 2010 es la caída del empleo industrial. Parece que la caída del empleo en el sector de la construcción se ha detenido definitivamente y se constata una cierta estabilidad en el volumen de empleo en el sector servicios. Sin embargo constatamos que el sector industrial no sólo no reacciona positivamente sino que sigue reduciendo sus volúmenes de empleo. Si nuestro tejido industrial no es capaz de reaccionar a lo que parece ser la salida de la crisis en los entornos internacionales las posibilidades de consolidación de la recuperación son mínimas. O dicho de otro modo a falta de un motor como la construcción nuestro futuro sólo puede pasar por mantener nuestro sector turístico desarrollar una verdadera industria del conocimiento y sobre todo por el crecimiento del sector exterior.

Por ello las perspectivas no parecen ser ni de mucho tan halagüeñas como hace poco ha previsto el gobierno en boca de nuestro presidente. Dudo de que seamos capaces de crear empleo neto en el segundo semestre del corriente año 2011. Por cierto es de notar que una parte importante del empleo creado en el 2010, en palabras del propio Secretario de Estado de la Seguridad Social, es debido al impulso del sector turístico y al desarrollo que se ha dado a la ley de dependencia. Aunque son empleos netos, no parecen evidentemente ser de alto valor añadido.

Y frente a todo ello tenemos el problema de la confianza a la que pretendo dedicarme de forma más o menos monográfica en las próximas semanas. Y una de confianza, para empezar, ¿como vamos a salir de la crísis, cómo vamos a crear empleo si, según la última encuesta del CIS sólo el 20% de los ciudadanos cree que el volumen de empleo mejorará en este año?.

Bueno es lo que estamos viviendo en estas primeras semanas del año básicamente centrados en una paralización económica casi total y con escenarios en perspectiva que no favorecen los ánimos de los actores económicos. Por ejemplo los planteamientos respecto a la continuidad en la restricción del crédito, que va a a consolidarse en este año.

Ya me dirán que es lo que nos espera. Cómo vamos a deshacernos de este problema.

Los que me seguiis sabeis que me atreví a pronosticar hace aproximadamente un mes que iba a haber “fumata blanca” en las negociaciones sobre la reforma de las pensiones, con el establecimiento de un nuevo marco de diálogo social.

Escribo estas notas hoy domingo tras escuchar la entrevista que acaban de hacer a Valeriano Gomez en la Ser. Como era previsible, Valeriano buen conocedor de los entresijos del diálogo social, hombre dialogante y sin arrogancia, ha sabido aprovechar las nuevas circunstancias generadas con el cambio en la cúpula de la CEOE (ya he escrito también sobre la excelente actitud que iba a impulsar Joan Rosell en la patronal), y el cansancio en la cúpula de las organizaciones sindicales que probablemente no podían ni debían permitirse el no acuerdo, para conseguir cerrar el circulo que ha permitido llegar al consenso final.

En todo caso parece que algo tan simple como fijar una fecha final para el acuerdo (el anuncio de que hubiese o no acuerdo en el consejo de ministros del dia 28 de Enero se iba a regular por decreto la reforma de las pensiones), también ha sido de gran ayuda para el resultado final.

Aunque probablemente no ha sido el acuerdo necesario si ha sido sin duda el acuerdo posible. A pesar de que sigue sorprendiéndome que se podía haber conseguido los mismos resultados con formulas más sencillas, en la línea de lo que planteaba hace pocos días en un excelente articulo Sala Martin en la Vanguardia, probablemente era el único posible. La vida se hace también con la suma de pequeños pasos y este aunque sea probablemente pequeño era un paso estrictamente necesario. Si a este nuevo consenso se suman los partidos políticos (espero que el PP modifique sus planteamientos abstencionistas) y se le añaden incentivos a la contratación y una reforma adecuada de la gestión de las políticas activas habremos hecho mucho para cuanto menos invertir la tendencia. A lo mejor conseguiremos que al final del 2011 estemos mejor que ahora.

No podemos permitirnos tener que esperar a 2012 para invertir la dinámica en la que estamos viviendo.
Por cierto recordemos que todo esto se produce el mismo día (28/01) que los medios nos han despertado con titulares como éste: “2010 acaba con record de parados”, “Por primera vez hay más de 2 millones de desempleados de larga duración”. “El paro entre los menores de 25 años se situa en el 42%” y “hay más de 1,3 millones de hogares en todos los activos en desempleo”. Vamos sin comentarios.

Me satisface constatar que ante todas estas cifras que no son más que la muestra de una realidad que esta ahí, que la tenemos a nuestro lado, y en la que nos toca vivir empecien a imperar criterios de racionalidad.
Ahora sólo falta que este modelo (el del acuerdo y las reformas en el ámbito laboral) sean seguidos por impulsos claros en las otras areas que es necesario también reformar: léanse reforma del sector financiero, y racionalización en el sector público entre otros.