Hace algunas semanas tenía en mis manos un informe del FMI que aseguraba que la competitividad española estaba cayendo en picado y que, salvo circunstancias excepcionales, seguirá cayendo en los próximos años.

En estas fechas en las que casi todo se paraliza, en la que la mayoría estamos ya empezando unos días de descanso, en la que muchos vamos a buscar algunos momentos de relax y de replanteamiento de temas y proyectos, es conveniente, sin embargo, que no nos olvidemos de que a la vuelta (al margen del proceso electoral en el que nos veremos inmersos) deberemos seguir enfrentarnos ante una situación compleja y difícil y en la que vamos a seguir teniendo la necesidad de seguir ajustándonos sin que, por otra parte, parace que sepamos aprovechar tales ajustes para mejorar la plataforma sobre la que sustentar el necesario cambio de modelo económico.

Un nuevo modelo del que lamentablemente ya nadie casi habla. Un ejemplo: ¿Alguien es capaz de recordar algo sustantivo sobre el famoso concepto de economía sostenible, lanzada por nuestro ejecutivo hace algún tiempo?. No tengo ninguna duda y si todas las certezas, de que o no tenemos modelo alternativo o hemos hecho muy poco para dar con él. Parece que todas la soluciones pasan por el turismo, los servicios y las inversiones en el extranjero. Francamente no creo que sea suficiente.

A excepción de la profundización del peso internacional de nuestra economía (lo que evidentemente es muy favorable a medio y largo plazo) no percibo por ninguna parte que hayamos sabido crear “un modelo alternativo” al industrial/construcción/turismo en el que fundamentamos el crecimiento de nuestra economía en los años anteriores al 2008. A pesar de que mucha gente se refuerza en la frase de que “las crisis son buenas para ofrecer nuevas oportunidades y con el optimismo y la confianza saldremos de esta”, reiteradamente usada por nuestro actual presidente, no parece que tampoco los términos utilizados por el actual líder de la oposición “con el gobierno actual no saldremos, hacen falta ideas nuevas que traeremos gente que ya gobernamos hace un montón de años”, nos anuncien la buena nueva que nos permitirá, quizás un tanto milagrosamente, salir del marasmo en el que nos encontramos.

En términos reales los datos macroeconómicos no pueden ser más negativos: Seguimos sin crecimiento económico, no existe el crédito para las pymes, mantenemos niveles de desempleo cercanos al 20%, y el consumo está en situación agonizante. Por ello es evidentemente claro que necesitamos de un nuevo impulso para gestionar los cambios que precisábamos para abandonar un modelo que se ha mostrado claramente obsoleto, y que ha hecho que nuestra economía destaque por ser la que muestra peores ratios en crecimiento económico y se mantenga en las primeras posiciones en el volumen de desempleo.

Recordemos los datos recientemente confirmados por la EPA. Hemos pasado de 1,7M de desempleados (junio del 2008) a 4,8M tres años después. Constatamos que a pesar de que fuimos capaces de crear 8M de empleos en los años de bonanza muchos de ellos se han perdido con la crisis y no parece que puedan recuperarse a corto plazo. Destaquemos que la contratación fija sólo se ha reducido en estos tres años en 46.000 personas. Recordemos, por último, que el volumen de desempleo entre los trabajadores inmigrantes (a pesar de que más de 300.000 de ellos han abandonado nuestro mercado de trabajo) sigue situado en niveles superiores al 30%

Es evidente que todos estos datos ponen de manifiesto con claridad la dualidad de nuestro mercado de trabajo, una circunstancia a la que me he referido en reiteradas ocasiones en mi blog y uno de los elementos de “perversidad” de nuestro marco de relaciones laborales.

Aquí es donde estamos y donde vamos a estar en Septiembre.

Mientras tanto no sé qué nos espera al inicio del curso. En todo caso reafirmar que siguen siendo necesarias medidas creíbles y urgentes que de verdad incentiven el mantenimiento del empleo y que protejan a los que lo pierden. No tengo claro que no sea necesaria una profundización de la reforma laboral desarrollada por el ejecutivo actual. Es duro reconocer que las víctimas colaterales son casi siempre las mismas y que jóvenes, inmigrantes y los peor formados son los que integran la gran masa de nuestros desempleados y a los que lamentablemente estamos abandonando. Todavía sigo sorprendiéndome por la falta de mayor conflictividad social.

Ahora bien, como hay que ser positivos, esperamos que algo ocurra en los próximos meses para que (con el apoyo o a pesar del nuevo gobierno) podamos iniciar un nuevo camino que nos lleve a corregir los desequilibrios que entre todos hemos creado. Siempre nos quedará la esperanza y el deseo de que lo que venga a partir de Septiembre sea sin duda mejor de lo que estamos viviendo en estos momentos.

Feliz verano a todos.

Como continuación a lo que publiqué recientemente sobre la problemática del desempleo juvenil, a instancias de la Fundació Exit, me propongo escribir estas líneas dado que hemos podido constatar cómo este tema parece que de pronto se está convirtiendo en el tema estrella de la política española del momento, a pesar de los grandes titulares que provoca la crisis griega. Tanto es así que incluso en el comité federal del PSOE, posterior a las elecciones Municipales y Autonómicas, Rodriguez Zapatero dedicó tanta o más atención a este tema que a los problemas internos generados por la debacle electoral, confirmada después por la pérdida del control de todas las autonomías en las que su partido gobernaba, incluida Extremadura.

Quiero destacar entre todo lo que se ha publicado recientemente sobre este tema el comentario de Iñigo Sagardoy en Expansión de hace un par de semanas. En él Iñigo con excelente criterio afirma “ Mientras asistimos, con cierta sorpresa, a las recientes muestras de indignación de los jóvenes españoles en los principales centros urbanos de nuestro país, el Gobierno desbordado por las altísimas tasas de desempleo de la juventud y consciente de la prioridad de este tema, ha vuelto a reabrir el debate para la búsqueda de medidas que incentiven de modo inmediato el empleo de la población juvenil”.

Sólo con la capacidad de ofrecer empleo a nuestros jóvenes será posible resolver el problema “de orden público” que supone el movimiento del 15-M, (sobre los otros aspectos del movimiento ya me he manifestado en este blog). Conviene que no olvidemos que somos los primeros del ranking europeo en tasas de desempleo juvenil que alcanza el 45% de la población activa y que convivimos con socios como Alemania en donde la tasa no alcanza ni por mucho el 10%.

Iñigo hace referencia en su comentario al nulo impacto en este punto de los nuevos mecanismos establecidos por la Ley 35/2010, conocida coloquialmente como la de la Reforma Laboral, y el Decreto que promueve una serie de incentivos a la contratación a tiempo parcial. Expone claramente que los aspectos básicos de la normativa a que nos referimos se centraban en aspectos tangenciales –como las bonificaciones a la contratación- sin que se hayan introducido mecanismos dirigidos a atacar la raíz del problema y propone la necesidad de establecer un “plan de choque” con medidas como las siguientes.

La primera la creación de un contrato único de trabajo con algunas salvedades como la puesta en marcha de un contrato de iniciación y fomento del empleo juvenil para la población entre 16 y 30 años. La segunda modificar sustancialmente el actual modelo del contrato de trabajo a tiempo parcial. La tercera la puesta en marcha de programas de asesoramiento individualizado para jóvenes que impulsen su flexibilidad y movilidad.

Estas son medidas a corto plazo, que podrían dar efectos inmediatos, que aunque a corto plazo generasen poco empleo, nos pondría en mejores condiciones para que hubiese un impacto real en el empleo en el momento en que las circunstancias de la crisis mejoren. Estas medidas a corto deberían de complementarse con otras a medio largo centradas en establecer una nueva relación entre formación y empleo en todos los niveles de la enseñanza media, desincentivando la formación superior, potenciando social y académicamente la formación profesional y generando interés y atracción por todo lo relacionado con la labor de los emprendedores.

Sólo con mecanismos de flexibilidad seremos capaces de crear empleo para nuestros jóvenes y dejar que éstos sigan percibiendo como fundamental salida laboral el trabajo en cualquiera de los ámbitos de la administración pública, que por cierto tampoco va a ser, necesariamente, un gran motor en materia de empleo en los próximos años.

En mi reciente estancia en Bucarest de la semana pasada constaté un interés de mis interlocutores por el que hemos venido en denominar movimiento del 15 de Mayo o movimiento de los indignados. Parece que nos estamos convirtiendo en un punto de interés a nivel mundial, lo que no es necesariamente malo.

Creo que todos hemos de ser conscientes de que el movimiento ha sido una respuesta de nuestros jóvenes (los nacidos después del cambio político del 76) tanto a una situación económica muy compleja y a la pérdida de oportunidades y de desarrollo cómo al desencanto sobre la capacidad de la clase política española para resolver la situación. Muchos estamos convencidos de que esta generación va a ser probablemente la primera desde los inicios del siglo XX que va a ser incapaz de vivir mejor que la precedente.

La generación de los nacidos en los 50 y 60 (a los que represento humildemente) vivimos el proceso de cambio de una dictadura a una democracia en épocas juveniles y mantuvimos una admiración innata y casi absoluta respecto al valor de la democracia y de la dinámica parlamentaria. Hoy no sólo no existe esta admiración sino como muestran las investigaciones del CIS 1 de cada 4 españoles consideremos a los partidos políticos como uno de los graves problemas de nuestro país, al mismo nivel, o casi, que los efectos de la crisis o el desempleo.

Volviendo sin embargo a la protesta de los indignados considero, más allá del impacto del movimiento en el conjunto del marco político, que lo más grave es que nadie tiene lamentablemente la respuesta a cómo vamos a ser capaces de dar respuesta al problema del conjunto de una generación, (la que hemos llamado “generación NINI”) y del impacto que va a tener, está teniendo ya, en nuestro entorno social y económico el problema que supone tener un alto porcentaje de jóvenes sin claras perspectivas de desarrollo personal y profesional.

Uno de cada tres jóvenes ha perdido su empleo desde el inicio de la crisis. El colectivo de 16 a 29 años es el que se ha llevado la peor parte de la crisis. Un estudio de Mampower realizado el año pasado confirmaba que la ocupación en esta franja de edad se había reducido un 32% en los últimos años. Ello supone que más de 800.000 se habían incorporado a las listas del desempleo, mientras que otros 700.000 habían abandonado, algunos ya probablemente de forma definitiva, el mercado de trabajo.

Disponer de un colectivo de 1,5M de personas jóvenes totalmente desencantadas, sin perspectivas de desarrollo personal y profesional, con nulas posibilidades de futuro (en una población de 45M) no es francamente una muestra de la salud ni probablemente la sociedad que nos gustaría dejar a nuestros jóvenes. Sin embargo es lo que estamos viviendo hoy en España.

No me considero capacitado para dar la respuesta al problema del desempleo de nuestros jóvenes aunque sí que he escrito reiteradamente sobre las reformas estructurales que son necesarias en el mercado de trabajo para que éste pueda afrontarlo. Sólo afirmo que este es uno de los graves problemas que tenemos en este momento (y que nos distingue claramente del resto de países de nuestro entorno), que es algo muy preocupante y sobre todo que no parece que esté, como mínimo a corto plazo, influyendo e impactando en nuestra clase política, mucho más preocupada por el día a día, por sus propios problemas y adoleciendo de una falta de liderazgo más que evidente. A pesar de ello creo que el movimiento va a suponer una revitalización de la imagen de nuestros jóvenes y a generar una preocupación por “su problema” y probablemente influirá a medio o largo plazo en la necesidad de promover cambios legislativos que acerquen las instituciones democráticas a los ciudadanos. En este sentido serán bienvenidas.

En el momento de escribir este mensaje, los jóvenes “indignados” están intentando dar un giro a su movimiento, terminando las acampadas permanentes, intentando dar respuesta a los problemas de orden publico que se han desarrollado en Catalunya ante el Parlament, y dando paso a nuevas estrategias de movilización que finalmente deberán acabar con algún tipo de movimiento social capaz de tener una representación política. Las críticas que proponen y la necesidad de reformas no debe, bajo ningún supuesto, suponer involuciones sociales y políticas. Bajo ningún supuesto deben de cuestionar el principio de que sistema democrático y parlamentario sigue siendo “el menos malo” de los modelos de gestión pública.

He estado participando recientemente en un debate promovido por la Fundación Exit sobre Empleo Juvenil dirigido al análisis de sí las grandes empresas podrían ayudar a resolver el problema del desempleo en nuestros jóvenes. Las conclusiones que propuse fueron las siguientes: la primera que las grandes empresas no son ni van a ser las que resuelvan el problema del empleo juvenil, la segunda es que ya existen, aunque todo es susceptible de mejora, suficientes sistemas de contratación flexible en nuestra legislación para enfocar el empleo juvenil.

La conclusión es que el problema del desempleo de nuestros jóvenes no se resuelve con medidas legislativas sino con cambios relevantes y de carácter más estructural.

Las grandes empresas ya contratan lo que tienen que contratar cuando lo necesitan y más allá de algunos enfoques en temas de diversidad, responsabilidad social etc poco hay que hacer ahí, o en todo caso, poco que afecte sustancialmente al volumen de desempleo de los jóvenes que lamentablemente no deja de crecer. Los últimos datos de la EPA son ciertamente preocupantes.

Dicho esto hay cosas que se pueden hacer pero en todo caso la más fundamental y relevante es la que pasa por generar un marco de confianza donde la pyme (que presta en muchos casos servicios para la gran empresa) se atreva a contratar. Para ello es necesario abrir “el grifo” del crédito bancario (corto plazo) como por desarrollar la cultura de esfuerzo en nuestros jóvenes (largo plazo). También se puede consolidar (y de hecho ya se está haciendo) la internacionalización de nuestra economía. Son ya un porcentaje relevante las grandes empresas que alcanzan mejores ratios de facturación y resultados en el negocio internacional que en el local. El problema ahí es que aunque hemos mejorado mucho falta todavía un gran trecho para que nuestros jóvenes tengan la formación, la voluntad y la motivación por asumir que necesitan de una “movilidad geográfica” para crecer y desarrollarse. Y ahí el problema del bilingüismo en inglés que han conseguido otras naciones europeas sigue siendo un problema relevante.

Ya sé que va sonar como un retorno a épocas pasadas pero, probablemente, una parte de la solución del problema de empleo va a pasar necesariamente por la movilidad internacional (no me gusta hablar de inmigración) de nuestra mano de obra en general y la de nuestros jóvenes en particular.

Por cierto tomemos oportuna nota de que una de las grandes cuestiones que nos diferencia de los otros países que han necesitado un rescate financiero de la UE, aparte del aparte del volumen de población y por tanto del peso de nuestra economía, ha sido el cada vez más relevante papel de nuestras grandes empresas o inclusive de las no tan grandes en el mundo. La internacionalización de nuestra economía y la existencia de inversiones y proyectos en otros entornos va a ser, está siendo ya, un gran elemento de defensa ante la crisis, tanto en el empleo que conseguimos crear fuera como el que mantenemos en “nuestra casa”.

En este sentido iniciativas como las que parece querer impulsar la comunidad de Madrid en el sentido de segmentar a los colectivos educativos en función de la capacidad y en paralelo desarrollar entornos de formación multilínguisticos (con una presencia del inglés muy relevante) me parecen que es por donde hemos de ir. Aunque este tipo de iniciativas pueden ser visualizadas, percibidas y lo que resulta peor gestionadas con criterios cuestionables, son bienvenidas y totalmente necesarias.

Una gran parte del problema del desempleo juvenil es también el resultado de unos criterios educativos que han sido válidos para conseguir una homogeneización e igualdad de la oferta con independencia de cualquier discriminación posible (geográfica, económica, cultural, etc), pero que hoy a lo mejor conviene corregir y retocar.

Probablemente debemos volver a discriminar si queremos avanzar. No deja de ser una vez más el principio de dos pasos adelante y un paso atrás.

Juan Rosell y Joaquin Trigo
Ediciones Deusto. 2009
ISBN 978-84-2342758-1

Los autores hacen énfasis en la importancia de la educación, la reforma de la justicia y de la administración pública como los tres elementos claves para la salida de la crisis en nuestro país. Aunque sean necesarios cambios en otros ámbitos éstos son los que a largo plazo resultan más relevantes. Un manual sencillo y de fácil comprensión que aporta un criterio coherente sobre las soluciones que se precisan en este momento.

En una de mis últimas entradas en “mi diario” me refería a los acontecimientos ocurridos en Japón y la necesidad de liderazgo para transformar las crisis en oportunidades. Aunque la situación, evidentemente, no es ni mucho menos comparable, de la misma forma que no dudo de la capacidad del Japón para salir, inclusive reforzado si cabe, de esta situación, sigo teniendo sensaciones negativas sobre nuestra capacidad para “salir de ésta”. Que finalmente saldremos estoy seguro pero ¿cuándo y en qué posición?: En ello francamente tengo más dudas.

Creo que nos falta como diría alguien que conozco bien “una de liderazgo” que lamentablemente no veo por ninguna parte, ni en el gobierno ni lamentablemente en la oposición. Hay que leer los artículos de Pedro J. Ramirez en EL MUNDO para constatar la falta de liderazgo de nuestra clase política lo que nos lleva a una situación grave de falta de credibilidad y un desapego sobre la “cosa pública” que probablemente será caldo de cultivo para posiciones extremas o de ultraderecha como se está demostrando en los procesos electores que se han celebrado en las últimas semanas en Europa.

Esta falta de liderazgo se muestra también en el ámbito de la gestión económica (no solo en la política). Aunque he reconocido abiertamente mi admiración profesional por Juan Rosell y por Valeriano Lopez y he valorado muy positivamente sus elecciones como nuevo presidente de la CEOE, y su nombramiento como Ministro de Trabajo, respectivamente, creo que el proceso de negociación sobre la reforma de la negociación colectiva y el acuerdo que parece que está a punto de alcanzarse (o que se alcanzará no os quepa ninguna duda, aunque sea con grandes retrasos sobre el calendario previsto) va a dejar mucho que desear y aunque sea un paso adelante, lamentablemente, no supondrá los cambios que probablemente necesitamos para incrementar nuestra competitividad global.

Probablemente una vez más sea el acuerdo que se alcance será el único posible. Sin embargo creo que habría que haber ido mucho más allá si lo que se deseaba, era modificar de verdad y no tan sólo hacer un maquillaje estético en relación a determinados, evitar la burocracia y el gasto en recursos que estamos asumiendo (todos) en este ámbito. En el fondo seguimos preocupándonos más por la gestión de las cosas y el mantenimiento de determinadas estructuras corporativas que por avanzar en las reformas que nuestro país necesita para seguir ocupando un lugar de privilegio en el nuevo reparto económico mundial. Una vez más se muestra que frente a las reformas que parecen necesarias (y en las que todo el mundo más o menos coincide aunque con los matices naturales en función de a quién se representa) terminarán imponiéndose los intereses personales y localistas de unas determinadas “burocracias” que perderían su “razón de ser”.

Aunque esté plenamente de acuerdo con lo que Jesus Cruz Villalon afirmaba recientemente en EL PAIS en el sentido de que “la negociación colectiva constituye una institución central y con un impacto enorme sobre la actividad económica y la sociedad en general” no parece que la necesidad de adaptación y modernización del modelo de negociación colectiva pueda desarrollarse si dejamos la referencia básica del mismo en el modelo de carácter provincial y si no se es capaz – a pesar del reducido tamaño de muchas de nuestras unidades empresariales – de “reforzar el poder de los acuerdos interprofesionales generales pactados e introducir incentivos legales para que adquieran un mayor peso los convenios empresariales y los estatales, refundiéndolos en grandes sectores productivos, con progresiva desaparición donde fuera posible de los convenios provinciales”.

Llamo la atención en el sentido de que aunque sea posible alcanzar acuerdos y avanzar en la introducción de elementos de flexibilidad dentro de las organizaciones si no se resuelve el grave problema de la estructura de la negociación colectiva empezando por la rotura del principio imperante en el sentido de que un convenio de rango inferior sólo pueda superar a uno de rango superior, poco se va a avanzar.

Aunque como afirma Toni Ferrer “el problema de España está fundamentalmente en la estructura productiva” y yo esté plenamente de acuerdo con él, el hecho de que finalmente no logremos introducir medidas reales que modifiquen los hábitos y actitudes de las partes, empezando por eliminar ámbitos de negociación sin sentido supondrá un freno a la necesaria adaptación de nuestra estructura productiva a un nuevo contexto mundial en el se valorará la formación y la calidad de una estructura laboral pero también su flexibilidad y capacidad de adaptación.

Algo que tendremos que hacer por nosotros mismos o nos harán hacer aunque nos pese.

Leopoldo Abadia
Espasa Libros 2010
ISBN 978-84-670-3440-0

El libro supone una continuidad de su primer manual sobre la crisis y que ha resultado tan éxitoso. Leopoldo intenta en esta libro lanzar sus mensajes sobre como gestionar la economía tanto doméstica como de las empresas y organizaciones. Utilizando recetas sencillas y un lenguaje directo el autor se ha conseguido situar como uno de los “gurus” españoles más reconocidos. Libro ameno y como el primero de fácil lectura.

Me he referido reiteradamente a la necesidad de liderazgo para transformar las crisis en oportunidades. Sin embargo creo que nos falta como diría alguien que conozco bien “una de liderazgo”. Pienso, por ejemplo, en lo ocurrido en el Japón y en la necesidad imperiosa de que frente a un entorno complejo y difícil surjan líderes capaces de actuar como referentes. No sé lo que ocurrirá finalmente en este país aunque pienso que finalmente saldrá inclusive reforzado de la situación, probablemente porqué será capaz de compensar la falta de grandes líderes por una cohesión social muy fuerte.

Aterrizando en nuestro entorno no veo, lamentablemente, ni liderazgo, ni la suficiente cohesión social.

Siendo evidente que nuestra situación en términos de catástrofe, no es como la japonesa, en términos sociales y económicos es, sin embargo, mucho más compleja y difícil de lo que nos gustaría, y sobre todo mucho más compleja que nuestros líderes políticos nos muestran. Ya veremos que va a ocurrir después de las próximas elecciones locales y autonómicas. Mientras tanto no percibo por ninguna parte, ni en las filas gubernamentales ni lamentablemente tampoco en la oposición que probablemente tendrá la oportunidad de gobernar en 2012, el liderazgo que este país necesita. Esta falta de liderazgo tiene como natural consecuencia un descenso sustancial en los índices de credibilidad en la “gestión de la cosa pública” y un desapego que probablemente será caldo de cultivo para la reaparición a medio plazo de posiciones políticas extremas o de ultraderecha como ya está ocurriendo en los procesos electores que se han celebrado en las últimas semanas en Europa.

Esta falta de liderazgo se muestra en todos los ámbitos. Lo de las listas electores para las elecciones autonómicas es un ejemplo. Lo ocurrido con la gestión de la crisis es otra muestra. Y que decir tiene lo ocurrido con Bildu y las manifestaciones que casi todos han realizado sobre este asunto.

También me parece que lo que está ocurriendo con la negociación de la reforma de la negociación colectiva es muestra de que esta falta de liderazgo no sólo se está produciendo en los ámbitos políticos sino también en los económicos. Estoy plenamente de acuerdo con las afirmaciones de Toni Ferrer en el sentido de que “el problema de España está fundamentalmente en la estructura productiva”, una estructura inflexible, encorsetada, poco racional consecuencia entre otros de que no hayamos sido (y parece que tampoco vamos a ser por ahora) capaces de introducir medidas que la hagan más flexible, adaptable, cambiante etc.

Seremos capaces de introducir cambios en nuestra estructura productiva cuando, aparte de otros factores, introduzcamos cambios reales en el ámbito que técnicamente se denomina “negociación colectiva”. Aunque quiero referirme a este punto en una próxima entrada solo significar en este momento que parece que nadie recuerde que tenemos un marco laboral que supone de hecho frenos reales a la necesaria adaptación de nuestra estructura productiva a un nuevo contexto mundial en el se valorará fundamentalmente la formación y la calidad de una estructura laboral pero también su flexibilidad y capacidad de adaptación.

Pero no debemos preocuparnos. Será algo que, una vez más; haremos por nosotros mismos o en respuesta a exigencias externas aunque nos pese.

Volvió a caer recientemente en mis manos un artículo de Angel Uribe publicado en el Pais con el título que encabeza este mensaje. Lo que proponía el autor tan brillantemente en su artículo y el mensaje de “injusticia intergeneracional” me ha hecho reflexionar sobre los criterios de equidad de nuestro marco de relaciones laborales en general y de los ámbitos de contratación en particular. Y en los que, lamentablemente, se ha hecho muy poco, con las reformas legislativas o acuerdos recientemente alcanzados y que ya están en vigor y que forman el conjunto de lo que se denomina “reforma laboral”.

Angel planteaba en su excelente artículo un paralelismo entre el mercado de la vivienda y el mercado de trabajo analizando las motivaciones negativas al alquiler y a la contratación. Señalaba que uno de los desincentivos a la contratación laboral es, sin duda; los altos costes indemnizatorios en los procesos de resolución. Insistía en el hecho de que, la mayoría de los expertos, desde el llamado Manifiesto de los 100 hasta organismos como el FMI, la OCDE, y el Banco de España han señalado por activa y por pasiva que la rigidez en las condiciones de resolución contractual (económicas y de otro tipo) resultan ser una variable fundamental para la creación de empleo.

Evidentemente somos un caso “paradigmático” ya que la rigidez de nuestra normativa laboral, y unas prácticas empresariales totalmente cuestionables, nos ha llevado a situaciones como las siguientes: Tener una tasa de temporalidad mucho más alta que el resto de países de nuestro entorno, disponer de una estructura laboral totalmente segmentada y diferenciada entre los trabajadores con contrato fijo y los temporales, ser uno de los países de la UE con más bajos índices de ocupación de los jóvenes menores de 25 años y liderar el ranking europeo en tasa de desempleo.

La dualidad de nuestro mercado de trabajo entre una alta protección y cobertura del contrato indefinido y una bajísima protección del contrato temporal genera un nivel de temporalidad en la contratación que no tiene parangón en el resto del mundo desarrollado. Nos sorprendemos de la creciente preocupación en los EEUU cuando ellos visualizan la posibilidad de alcanzar un 10% de desempleo, mientras que nosotros “navegamos” con total tranquilidad y sin “inmutarnos” con índices superiores al 17/18%. Nuestro mercado de trabajo potencia lo que he denominado – siguiendo la expresión utilizada por Angel- injusticia intergeneracional.

El coste social que supone que tengamos a 1 de cada 3 jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo, -datos recientes de la EPA- me lleva a preguntarme ¿porqué no se ha sido capaz, en el ámbito de los acuerdos alcanzados recientemente para la reforma del mercado de legislar para corregir esta injusticia?, y en concreto ¿porqué no se ha puesto en marcha alguna modalidad contractual parecida al concepto de contrato único?

Y mientras tanto han pasado ya los tres primeros meses del año y lo único que somos capaces de hacer es retrasar la fecha en la que tan mañida recuperación económica impactará realmente y de forma positiva en los niveles de desempleo.

Recordemos que los expertos han denominado como contrato único a aquel que, manteniendo los derechos ya adquiridos por los trabajadores en activo, tiende a reducir la protección del contrato indefinido con la contrapartida de incrementar la estabilidad del contrato temporal. Ayer estuve cenando con un amigo empresario (más de 800 empleados) y me significaba lo que hoy, creo, es un clamor en la clase empresarial. “La reforma laboral no ha servido para nada, no ha supuesto para nosotros ningún cambio en la práctica más allá de que parece que se está haciendo más fácil el despido. En términos de contratación, no hemos notado nada, nuestra estrategia sigue siendo la de tener el mayor número de trabajadores temporales posibles”.

Mientras muchos empresarios piensen y actúen de este modo no vamos a ser capaces de afrontar con éxito las “injusticias intergeneracionales” de nuestro mercado de trabajo y no enfocar, atacar y resolver el problema de la generación denominada “ni-ni” que ve sus perspectivas de empleo y formación seriamente disminuidas y que tiene como único objetivo acceder a un empleo en el entorno de la administración pública. Y si ello es así es porque –aparte de la gravedad del problema- se trata de un colectivo muy complejo, “no sindicalizado”, poco conflictivo en términos sociolaborales y sobre el que, una vez más se ha mostrado una falta de voluntad o de capacidad de impulsar el cambio por parte del conjunto de las estructuras de decisión de nuestros interlocutores sociales.

Algo habrá que hacer a medio plazo en este tema ya que es te es uno de los más graves problemas que nos va a tocar vivir. No os quede ninguna duda.

Con niveles de desempleo próximos a los 4,5M de desempleados no cabe duda que las políticas activas para el empleo tenían que repensarse, y que era absolutamente necesario introducir en este ámbito elementos de competitividad que son comunes en nuestro entorno y que, por otra parte, muchos estábamos reclamando desde hace muchos años.
Por ello saludo positivamente la iniciativa que Gobierno y Agentes Sociales han consensuado y que se ha plasmado en el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la Empleabilidad y la reforma de las Políticas Activas de Empleo y en el antecedente que supuso el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulaban las agencias de colocación.

Muchos de vosotros sois conocedores de mi trayectoria profesional y el esfuerzo que, junto con algunas otras personas, desarrollé durante más de 10 años destinado a conseguir que nuestra legislación regulara la actividad de las empresas de recolocación. Bueno parece que finalmente esta regulación se ha conseguido. Lamentablemente ha sido necesaria una “crísis económica sin precedentes” (como se señala en la propia exposición de motivos del RDL) y la constatación (por otra parte más que evidente) que la introducción de elementos de competitividad en la gestión del empleo y en la de las políticas activas en particular no podía derivar mas que un resultado de eficacia.

Al margen de otras consideraciones de carácter más técnico que probablemente haré en otro comentario, es necesario saludar y reconocer la definitiva consolidación de un modelo que definitivamente proyecta un marco de claridad, transparencia y eficiencia y que, como ya he indicado, nos acerca a un modelo de gestión del empleo común al resto de los países de la UE. Un modelo en el que como en el resto de ámbitos como la educación y la sanidad la colaboración y competencia de los sectores público y privado se han mostrado como el más eficaz y el que mejor conjuga el interés social con la consecución de resultados. Un modelo que muestra con una concreción explicita, (Holanda es el paradigma) que el Servicio Público de Empleo es tanto más eficaz en su labor de inserción cuando compite realmente con el sector privado.

Por tanto, aunque esté convencido de que la legislación consensuada es fruto del café para todos y que probablemente será necesario reformar a corto plazo es, sin duda, un paso adelante, que redundará en una mayor eficacia y productividad en la gestión de los recursos y en una mayor eficacia en la labor de inserción de los desempleados.
A pesar de que las politicas de empleo no crean empleo si que resultan tanto o más eficaces cuando se desarrollan con criterios de eficiencia y responsabilidad.

No existe “gestión responsable” sin que en ella se introduzcan criterios de eficacia en términos económicos. Gestión responsable que no tan sólo puede o deber abarcar al mundo empresarial sino que es necesario introducir e incorporar como guía en el ámbito público donde también se hace imprescindible la conjunción de las dos “R”. Responsabilidad y Resultados.

El nuevo marco legal no conseguirá los resultados requeridos si no supone cambios en los paradigmas que han sustentado la gestión “tradicional” de las políticas activas que han destacado por lo menos por la falta de control y por una correcta y adecuada evaluación de sus resultados. Sin este ejercicio, sin análisis de eficacia de las políticas y acciones en este ámbito, no conseguiremos los objetivos propuestos que, como en la propia exposición de motivos de la norma se indica no son otros que “la necesidad urgente de una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo con el objeto de adaptarlas a la realidad del mercado laboral y a las características del territorio, aumentar su eficacia en la mejora de la empleabilidad y las posibilidades de inserción de las personas desempleadas”.

Somos muchos los que pensamos que muchas de las acciones que se han desarrollado en estos ámbitos en los últimos años han tenido como destino otras prioridades, probablemente igual de legítimas, pero no aquellas para las que “formalmente” estaban destinadas. Una situación lamentablemente sustentada y amparada por la falta de criterios claros y definidos de evaluación de tales acciones “con el objetivo de responder con decisión a las profundas secuelas que está dejando la crisis económica-financiera en nuestro mercado laboral”, como asimismo se destaca en la norma comentada.

Que no se hayan establecido criterios de evaluación de los recursos públicos destinados a los denominados programas experimentales y mucho menos a los de carácter privado destinados a los programas de recolocación incorporados en los llamados “planes sociales” es claramente significativo.

Es indudable que la legislación que se ha consensuado era probablemente el mínimo necesario, y que los propios actores son conscientes que habrá que reformar a medio plazo. Sin embargo esta revisión se hará mucho más urgente y necesaria si (al margen de evitar el intrusismo en éste ámbito) no se establecen rápidamente y con claridad criterios de evaluación y análisis de la eficacia de las acciones desarrolladas.

Desde aquí manifiesto mi voluntad de estar presente en este nuevo marco a través de Alius Modus y el convencimiento de que algo tenemos que aportar.