El pasado viernes nos despertamos con las declaraciones realizadas por el Primer Ministro italiano Mario Monti en las que afirmaba que “los jóvenes se tienen que acostumbrar a la idea de no tener un puesto de trabajo fijo para toda la vida”, a las que posteriormente añadía: “Además, ¡Qué monotonía! Es mucho más bonito cambiar y aceptar nuevos desafíos”.

Aunque la segunda parte de su mensaje puede haber sido considerado improcedente y un tanto frívolo, lo que probablemente pretendía Monti, (que se sintió obligado posteriormente a hacer declaraciones aclaratorias), era expresar lo que muchos pensamos en el sentido de que todos (jóvenes y no tan jóvenes), debemos dejar de soñar con alcanzar un “trabajo de por vida”, y que este sueño esta chocando con la realidad actual y la que podemos visualizar a medio plazo.  Todo ello además en un contexto en el que tanto en su país Italia como en el nuestro estamos a la espera de las decisiones gubernamentales sobre la reforma laboral. Es muy probable que este tema fuera uno de los “trending topic” del día en la red.

En este contexto me ha parecido interesante releer algunos capítulos del libro de Jeremy Rifquin titulado “el fin del trabajo”.  Escrito en la década de los 90 (la edición española que he ojeado es del año 1996) el libro es muy interesante en la medida en que, hace ya 16 años, el autor anunciaba alguno de los impactos en el empleo que hoy estamos viviendo intensamente. Rifquin afirmaba que en los próximos años (no sé si se refería a los 16 que ya han trascurrido o unos cuantos menos o más) las nuevas y más sofisticadas tecnologías informáticas basadas en la información llevarían a nuestra civilización a situaciones cada vez más próximas a la desaparición del trabajo en la forma que todos hemos conocido desde la revolución industrial. Para Rifquin íbamos a entrar en un nuevo periodo al que denomina “la era de la información”. Esta era, que ya estamos viviendo realmente hoy, “se caracterizaría por el hecho de que la definición de oportunidades y de responsabilidades de millones de personas pertenecientes a una sociedad carente de empleo masivo podría convertirse en el elemento de presión social más importante del próximo siglo”.

Creo que es posible enlazar los comentarios (probablemente poco afortunados de Monti) con las ideas de Rifquin. Estamos iniciando una nueva etapa, que se caracterizará por la desaparición de lo que entendemos por “trabajo” en nuestra actual cultura socio-laboral. Entramos en un nuevo periodo en el que la forma de organización de las tareas y la relación entre empleados, organización del trabajo y empleadores, va a cambiar radicalmente y que supondrá, (lo está suponiendo ya) la desaparición de la mayoría de las tareas que (y sobre todo la forma en que éstas se realizan) que hemos conocido en los últimos 3 siglos.

Estamos viviendo en nuestra propia piel grandes cambios en las relaciones entre empresa-empleado. Cambios de carácter formal pero también psicológico. Simplificando, si hasta la última década del siglo XX, la relación de trabajo se basaba en el supuesto de que la organización cuidaba y era responsable de sus empleados, a los que intentaba garantizar continuidad en el empleo, hoy esta responsabilidad es inasumible. Las nuevas dinámicas organizacionales impuestas por la revolución tecnológica, la globalización, los nuevos paradigmas y la situación de cambio que supone la crisis que estamos viviendo plantean cambios sustanciales a conceptos como: tiempo de trabajo, permanencia y continuidad, compromiso, desarrollo, carrera profesional, etc.

Hoy la responsabilidad de sobre la trayectoria profesional se ha traspasado ya de las organizaciones en las que los profesionales “trabajan” (de forma exclusiva y permanente) a los propios individuos. Cada vez un número mayor de personas vamos a vivir entornos profesionales distintos a los del “trabajo” como tal en el concepto tradicional conocido por las anteriores generaciones. Entramos por tanto en una situación de intercambio donde el individuo es corresponsable de la competitividad de la compañía para la que presta servicios de formas muy diversas y complejas y gestor de su propia empleabilidad.

Todo ello supone evidente un cambio de paradigma. Rifkin nos propone en su libro la necesidad de necesidad de encontrar nuevas alternativas al concepto tradicional de trabajo a través de nuevas formas de generación de ingresos. “Ahora que progresivamente el valor del producto hecho por el hombre tiende a ser más insignificante e irrelevante, se deberán explorar nuevas formas de definir el valor de la persona y de las relaciones humanas”. Si no somos capaces de definir estos nuevos “valores” tenemos el riesgo de dirigirnos a un mundo polarizado en 3 ámbitos. De una parte una élite formada y capacitada que controlará y gestionará la economía, una conjunto de profesionales que tendrán la suerte de pertenecer, aunque siempre de forma temporal, al grupo de privilegiados que se dedicarán a poner en marcha los procesos e instrucciones emanadas de la élite y por último una masa de individuos, puros ejecutores, con pocas expectativas de futuro, y aún menos esperanzas de conseguir una trabajo aceptable en un mundo cada vez más automatizado.

No se si, como ya he indicado, han pasado suficientes años para que las previsiones de Rifkin se cumplan, pero me atrevo a afirmar, que más allá de la crisis puntual en la que actualmente estamos, las tendencias  que apuntaba se están consolidando y entre ellas los mecanismos de dualidad del mercado de trabajo entre: trabajos temporales y permanentes, empleos de calidad y subsidiarios, tipologías de trabajadores etc. No estoy convencido de que no tengamos más alternativas que las que hoy nos propone Monti, aunque si que estoy seguro que, si no buscamos nuevos paradigmas este es el mundo que nos tocará vivir el resto de nuestras vidas y el que vamos a transmitir a las nuevas generaciones.

El próximo gobierno, aunque todavía desconocemos su composición, va a enfrentarse en una de sus primeras decisiones ante la necesidad de implantar una estrategia de recortes y racionalidad en el gasto público. Estoy convencido además de que no se ha tocado techo en las estadísticas de desempleo, y que el crecimiento que se producirá en los próximos meses tendrá que ver con la reestructuración a realizar en los ámbitos vinculados a la administración pública. En todo caso es posible que, como ha ocurrido en Catalunya la gestión de tales recortes, al margen de que suponga alguna conflictividad social, sea aceptada y entendida por los ciudadanos como se ha mostrado en la última convocatoria electoral.  

Supongo que a nadie puede sorprender el dato de que nuestro país es el único de la UE en el que subsisten niveles de descentralización territorial probablemente sin justificación lógica en materias como por ejemplo la sanidad y el empleo, en paralelo a elementos de gestión centralizada sin ningún sentido. Un ejemplo: todavía tenemos un modelo en el que la gestión de los aeropuertos y la del control aéreo esta centralizada en un único ente mientras que en la mayoría de los países europeos y en particular los más avanzados han optado por fórmulas de gestión individualizada de cada uno de los aeropuertos.

Hemos construido un modelo con muchas contradicciones. A pesar del desarrollo autonómico y de la descentralización realizada en los últimos años siguen vigentes en nuestro entorno un sistema administrativo basado en la estructura de una red de “cuerpos centrales de funcionarios”  poco justificables en muchos ámbitos.

Aunque nadie presta mucha atención a este hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que Germá Bel manifestaba recientemente en un artículo en La Vanguardia en el sentido de que una de las reformas más difíciles de abordar será la que afecte a determinados entes corporativos funcionariales que son los que “han sido los transmisores intergeneracionales del ADN programático del modelo nacional” en un intento de construir en nuestro país un modelo de gestión “formalmente descentralizada” pero que en la que en la práctica se sustenta en la defensa de los intereses de unos cuerpos funcionariales que interpretan lo público y lo de interés general muchas veces en base a sus preocupaciones particulares. Y en esta tipología de “cuerpo” probablemente deberíamos también incluir a la clase política.

Tengo dudas más que razonables de que seamos capaces de cambiar este modelo, por lo menos a corto plazo. Cuando estamos en el proceso de constitución del nuevo parlamento y en la fase del traspaso de poderes, cundo en estos días recordamos el caos generado en el tráfico aéreo (hace ahora un año como consecuencia de la huelga de los controladores aéreos), cuando todo el mundo vaticina que no hemos tocado el suelo en el tema del desempleo, no parece que, insisto por lo menos a corto plazo, seamos capaces de plantearnos y proponernos cambiar un modelo que se fundamenta en el respeto a los “derechos adquiridos” de un conjunto de colectivos “intocables”.

En línea a lo publicado en mi nota anterior, de la misma forma que la próxima reforma laboral va a poner “en cuestión” el principio de los derechos adquiridos en el ámbito de las relaciones laborales, es preciso que nos planteemos la necesidad de reformar un modelo de administración que responde más a los principios del siglo XIX que a los del XXI. Aunque desde el punto de vista gráfico no existen grandes diferencias entre XIX y XXI (básicamente la distinta colocación de dos signos) no creo que sea necesario destacar que han transcurrido más de 100 años y por tanto como mínimo 4 generaciones.

Es hora de que empecemos a tomar decisiones sobre la gestión de lo público y que tomemos en consideración la importancia de la eficiencia en la gestión de los recursos. No podemos seguir afirmando que fuimos un modelo en el uso racional de los recursos del FSE si realmente demostramos que usamos tales recursos de forma ineficiente e inadecuada. No podemos al mismo tiempo dar lecciones de modernidad (ave) y el mismo tiempo mostrar signos claros de gestión ineficiente estableciendo líneas ferroviarias sin sentido (por el número de usuarios) y planificando instalaciones aeroportuarias que nadie va a utilizar y que no tienen ninguna legitimación racional. Resulta imprescindible en este como en otros muchos temas “coger el toro por los cuernos” si no queremos estar abocados a formar parte de una “tercera división” en el reparto de la nueva liga mundial.

Alguien con una posición profesional muy reconocida en el conjunto del Estado, en un acto empresarial reciente en Catalunya, (en presencia del  Conseller de Finanzas de la Generalitat) afirmaba, hace pocos días, que era necesario replantearse un modelo en el que un 80% de los ciudadanos (que estamos viendo además como todo está modificándose) debemos de seguir sufragando con nuestros impuestos un modelo administrativo, un modelo de gestión pública, obsoleto, ineficiente y que nadie puede tocar. Hoy mismo el profesor Joaquin Muns en la Vanguardia, en un artículo titulado “El Sr, Rajoy debe de ser valiente” expresa claramente la necesidad de una reforma de la administración y de los nuevos roles que todos debemos de asumir ( refiriéndose abiertamente a la política y a la sindical).

Otro ejemplo. No he sido capaz de ver ningún análisis profundo de nuestra clase política sobre la necesidad de reforma del senado, (cuando no directamente su abolición). Casi nadie ha mencionado, por lo menos en los medios de comunicación generalistas, el impacto de los índices de abstención, voto blanco o nulo, en la elecciones a dicha cámara que sin ningún género de dudas no han sido más que una muestra del descontento e “indignación” ciudadana sobre la gestión de lo público, en este caso representada en una institución que no tiene hoy ninguna credibilidad y es cuando menos prescindible.

Espero del próximo gobierno la firmeza y el esfuerzo para poner en marcha las reformas estructurales que nuestro país precisa y que no pueden únicamente centrarse en recortes del gasto y en modificaciones de nuestro modelo de relaciones laborales. Hay otras muchas cosas que es necesario hacer y que no pueden retrasarse.  Aunque el hecho de que el PP tenga mayoría absoluta en el parlamento puede no beneficiar al consenso, espero que tenga la clarividencia de proponer reformas sólidas y consistentes y de que además sea capaz de llevarlas a cabo de forma negociada. Necesitamos una reedición de los Pactos de la Moncloa, estoy realmente convencido de ello.

Un acuerdo de esta naturaleza, con cambios reales y sacrificios repartidos por todos, adecuadamente gestionado internamente, y con una buena comercialización externa,  nos daría una fuerza moral suficiente para defender mejor nuestros intereses en la UE y en el conjunto del contexto internacional. La contestación y el conflicto social, difícilmente evitable, quedaría minimizado por un gran acuerdo político que volviera a dar valor a “nuestra marca” y una credibilidad de país serio y con liderazgo que necesitamos urgentemente. Estamos compitiendo en los mercados internacionales por recursos limitados y en esta competencia no sólo debemos mostrar lo que somos capaces de hacer sino también hacerlo de forma unida y consensuada.

No se trata tan solo de formar parte, aunque con el estatus de invitado en el G20, se trata de hacer las cosas bien, de corregir lo que no funciona, de tomar decisiones y de mostrar al mundo que somos un país serio que es capaz de corregir sus problemas, adoptar soluciones, con el mínimo ruido posible, y de una forma adulta y democrática. Por lo menos creo que estamos dando un buen ejemplo en estos momentos de transición en la gestión pública frente a otros que no pueden mostrar nuestras credenciales pero, en general, podríamos hacerlo mucho mejor. Debemos ser mucho más exigentes con nosotros mismos. Nos esperan sacrificios pero estos se superarán más fácilmente si son compartidos. Es conveniente recordar, ahora, el ejemplo de madurez y sentido común, que los ciudadanos catalanes hemos dado en las elecciones del 20 de Noviembre, y estoy convencido de que en esto (los catalanes) no somos tan diferentes del resto de ciudadanos del conjunto del Estado.

Espero que el nuevo gobierno tome decisiones, las tome rápidamente y que estas sean acertadas. Y éstas no deben de ir sólo en términos de recorte de gasto. Hay que recortar, corregir ineficiencias en la gestión pública, sí, pero en paralelo hay que ayudar al desarrollo de la economía productiva. No soy especialista en finanzas ni en economía y no sé si es bueno o malo crear una estructura financiera específica que englobe a todos los activos tóxicos de la banca, pero lo que es cierto es que el modelo económico valenciano no era sostenible, (lo hemos visto por lo ocurrido con su sector financiero) pero también que es necesario impulsar e incentivar a la pyme y a los emprendedores y para ello debe de fluir el crédito. Si ello exige una mayor limpieza y un mayor control del sistema financiero, hágase.

Creo que el conjunto de los ciudadanos esperamos mucho más de nuestros líderes, y creo también que, si éstos no nos responden, tenemos el riesgo de que a corto plazo entremos en una situación que ponga en cuestión el modelo de convivencia del que nos dotamos hace ya 35 años. Un modelo que es posible y necesario reformar pero que creo conviene, en sus fundamentos esenciales, mantener.

Estuve el martes pasado en el coctel de entrega de los premios de Expansión y Empleo a la innovación en los RRHH, un acto que se ha consolidado como la referencia en la gestión de personas en nuestro país. En relación a los aspectos formales del mismo quisiera destacar las palabras que pronunció en la clausura del acto Juan Antonio Sagardoy, haciendo mención a los elementos claves de la reforma laboral que el nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones de hoy tendrá que llevar a cabo. Sí o sí.

Cree el profesor Sagardoy que el cambio fundamental que necesitamos poner en marcha en la normativa laboral es el replanteamiento y la revisión del principio hasta ahora inmutable de los “derechos adquiridos”. Este principio que el resume con la frase “Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita” ha sido, como sabemos, uno de los fundamentos del derecho del trabajo. Propone que lo pongamos claramente en cuestión y revisión con objeto de que las empresas, de forma negociada evidentemente, tuvieran la capacidad de adaptar (con respeto en todo caso a unos principios mínimos) las condiciones laborales a la situación del mercado, desarrollar criterios de flexibilidad, y permitir que el cambio y la adaptación se instalen definitivamente en nuestro modelo de relaciones laborales.

Os prometo no volver a escribir por algún tiempo sobre reforma laboral, y esperar en todo a analizar lo que va a hacer el nuevo Ejecutivo, salido del proceso electoral. Aquí deseo referirme a lo manifestado por Fernando Eguidazu expresada en Expansión el pasado 16. “De todas las reformas estructurales que se vienen reclamando a nuestro país para posibilitar el crecimiento, la reforma laboral es la más demandada. Hasta el punto de que difícilmente el nuevo Gobierno será creíble sin no hace una reforma laboral seria.”. Y yo añadiría además rápidamente.

En este mes de Noviembre, cuando estamos en cifras de prima de riesgo que en otras circunstancias nos hubiesen llevado a una situación similar a la de Grecia (intervención europea), me gustaría terminar el bloque de reflexiones que he desarrollado en el último año en mi blog www.pauhortal.net con una serie de propuestas sobre lo que probablemente todos convendremos que debería ser una reforma laboral necesaria pero probablemente imposible.

Estamos todos de acuerdo (aunque partamos de perspectivas ideológicas  distintas) que la legislación laboral no crea por sí sola empleo. Sin embargo a partir de este punto de consenso surgen las divergencias. Hay quien opina que no debe tocarse nada o solamente hacer pequeños retoques y que los momentos de crisis no han de ser “momentos de mudanza”, mientras en el otro extremos somos muchos los convencidos de que la tipología de la normativa laboral española es probablemente causa relevante (aunque no sea la única) del incremento del desempleo como consecuencia de la crisis.

Aunque no sea la causa fundamental una normativa laboral puede favorecer o entorpecer el mantenimiento y el crecimiento del empleo. Está claro por lo demás que a pesar de los esfuerzos desarrollados las “reformas” realizadas hasta la fecha no han sido, probablemente, las adecuadas ya que no han atacado los fundamentos perversos de la situación actual, con lo que los resultados han sido claramente desalentadores. El futuro del empleo en nuestro país, su nivel, el mantenimiento o no de nuestra posición “de liderazgo” en los ranking de desempleo dependerá del rumbo que tomen las relaciones laborales en estos momentos de cambio. Es probable que de la reforma que seamos capaces de diseñar y aplicar, dependerá en buena medida la creación de riqueza y su distribución en los próximos años, y sobre todo, en el momento en que la crisis actual sea superada.

Como afirma de forma repetida Federico Durán, “el cambio del modelo económico hubiera exigido hace ya tiempo, modificaciones sustanciales en el marco jurídico regulador de las relaciones laborales”. Necesitamos un nuevo modelo de relaciones laborales que se adapte a las nuevas circunstancias económicas y sociales. Sin embargo  “seguimos pensando con la mentalidad del pasado”.

José Maria Fidalgo ha lamentado reciente el tiempo perdido “que durante un año no se haya hablado en serio, ni se hayan planteado cuestiones importantes como las alertas que nos plantean las perspectivas demográficas y económicas para los próximos años. El mundo dentro de 20 años va a ser muy diferente. En 2020, por ejemplo, los países emergentes compondrán el 54% de la economía mundial”. Nuestro mayor error ha sido no reconocer nuestra situación y consecuentemente no explicar esta situación a los ciudadanos. “Es imposible que si nadie se cree el futuro, participe activamente en promover reformas, porque la condición humana es acomodaticia y conservadora”

Hay quien ha denominado “reforma laboral imposible” a aquella que probablemente nos permitiría entrar con buen pié en la nueva era compleja y difícil que estamos viviendo. La nueva regulación debería permitir a todos los actores tener un comportamiento mucho más equiparable al que tienen en el resto de economías de nuestro entorno. En todo caso algo debemos de hacer para evitar nuestra presencia en los mejores puestos del ranking estadístico sobre desempleo global, (y particularmente juvenil) y los volúmenes de destrucción de empleo.

Lo que necesitamos es un cambio en el modelo de relaciones laborales con cambios sustanciales en algunos de los “tabús o conceptos inamovibles” que consideramos básicos en el modelo social de mercado, empezando por el principio de los “derechos adquiridos”. Cambios que suponen una  reforma laboral necesaria pero impopular, y que exige un cambio radical en algunos comportamientos que hoy, lamentablemente, están muy instalados en nuestro modelo social. He aquí alguna de ellas.

•  Un nuevo modelo cultural que nos lleva a no considerar el trabajo y el empleo como un “derecho adquirido”. Nadie nos debe un trabajo. El trabajo/empleo es un derecho constitucional pero al mismo tiempo no es algo consustancial al que todos tenemos derecho sin esfuerzo (y al que si no podemos alcanzarlo lo sustituimos por el derecho a una prestación económica).
• La empleabilidad es una responsabilidad esencial de cada persona. Es imprescindible que desarrollemos de forma permanente nuestras capacidades, nuestra involucración, y el compromiso con nosotros mismos. Es cada persona la que tiene que hacer el esfuerzo por desarrollar sus capacidades, por adaptarlas a las necesidades presentes y futuras del mercado de trabajo.
• Los “derechos sociales”, no van a ser en el futuro conquistas irrenunciables. Al margen de que el Estado pueda garantizar un mínimo de subsistencia de carácter temporal la obligación de cada individuo es la de asumir la responsabilidad sobre sí mismo.
• Las indemnizaciones vinculadas a la antigüedad en la empresa son una idea a replantearse. No es importante tanto la cifra que proceda, aunque esta deba reducirse e equipararse con el resto de normativas europeas, con un replanteamiento de los términos de computo. El despido de cualquier trabajador debería fundamentarse en un concepto tasado, definido y equitativo para el conjunto de los trabajadores. Otra cosa es que esta situación genere derechos diferentes en función de un sistema de capitalización individual sobre la base de la capitalización que pueda efectuarse individualmente en base a lo que se denomina “modelo austríaco”.
• Un modelo de contratación simple y comprensible de carácter indefinido pero con posibilidad de “divorcio”. La relación laboral debe de mantenerse en la medida de que las partes estén satisfechas. Si por alguna razón una de las partes deja de estarlo, el contrato debe poder romperse, de forma clara, diáfana y previsible.  
• La protección social debe de estar condicionada al esfuerzo que realice el perceptor para acceder de nuevo a un empleo. Las prestaciones deben de ser un incentivo para buscar trabajo cuanto antes y deben de suponer incentivos para ello.
• La redefinición del rol de las organizaciones sindicales y empresariales, su financiación y cambios en el modelo de negociación colectiva. El modelo actual es francamente perverso. Presupone que estas organizaciones estén mucho más preocupadas por mantener el “status quo” que por atacar en profundidad los problemas con los que nos enfrentamos.

Hasta aquí algunas de las modificaciones que son, desde mi punto de vista necesarias de implementación inmediata. Y si ello supone repetir el modelo de “Pactos de la Moncloa”, hágase. Son reformas claramente complejas, que suponen cambiar los hábitos que se han instalado en nuestra cultura social pero que son necesariamente imprescindibles y que deben abordarse lo más pronto posible. Cambios que deben de hacerse, evidentemente, de forma negociada con los interlocutores sociales, pero que no deben supeditarse a tal acuerdo. El parlamento debería en este caso asumir su responsabilidad.

Si a estas reformas de calado y a las que he denominado “imposibles” les unimos cambios de carácter más simple como: la eliminación total del recurso al acceso a las prejubilaciones con cargo a los fondos públicos, la introducción de incentivos a la contratación juvenil, mayor flexibilidad en la negociación colectiva y la consolidación del modelo competitivo en la gestión del empleo –que evidentemente también son necesarias- seremos capaces de dotarnos de una normativa mucho más adaptada a la nueva realidad en la que estamos entrando y superar los graves problemas de los que adolece nuestro mercado de trabajo.

Me pregunto si el próximo Ejecutivo tendrá la voluntad y la capacidad para llevarla a cabo.

Estoy convencido de que la causa última del movimiento de los “indignados” no ha sido otra que la situación que hace que un 40% de los jóvenes españoles menores de 30 años se encuentren en situación de desempleo. Por tanto creo que hay una relación directa entre los niveles de desempleo y el llamado movimiento del 15-M. 

En junio de este año escribí que el movimiento puede analizarse como la respuesta de una parte de nuestros jóvenes (los nacidos después del cambio político del 76) a la situación de pocas perspectivas en las que están viviendo y a la pérdida de oportunidades y de desarrollo. Igualmente me manifestaba incapaz de predecir que iba a ocurrir con el movimiento y si iba a suponer algún nuevo referente electoral.

Lo que unos meses después, a una semana de las elecciones del 20 de Noviembre, sabemos es que de una parte el movimiento se ha “difuminado” y que probablemente Izquierda Unida y algunas otras fuerzas políticas extraparlamentarias intentan recoger en sus programas algunas de las ideas surgidas en él. Por lo demás estamos todos tan preocupados por la crisis, la prima de riesgo, las reacciones de los mercados, etc que parece como si estuviéramos sin ninguna capacidad de reacción.

Mientras tanto, y a la espera de un triunfo más que previsible por parte del Partido Popular, no se han resuelto ninguno de los problemas planteados por el movimiento. Y entre ellos el hecho de que sigamos con índices de desempleo totalmente fuera de control y con una generación “la que se ha llamado generación NINI” en una situación de marginación, con pocas perspectivas sociales y económica, amparados en un ámbito familiar que les da cobijo, pero sin que muchos de ellos desarrollen ningún tipo de actividad. Ni trabajo ni estudio

Conviene recordar ahora, y sería fundamental que el próximo gobierno lo tomara en consideración, que lo que hace el movimiento del 15-M es poner “sobre la mesa” muchos de los temas pendientes de resolución en nuestra joven democracia, forzar el análisis y el debate y exigirnos a todos un determinado posicionamiento. La crisis ha colaborado en poner al descubierto una serie de perversidades de nuestro modelo de convivencia y hacer más evidentes una serie de cambios de carácter estructural que creo que son totalmente necesarios abordar en los próximos meses.

Algunos de estos cambios estructurales van a exigir nuevas modificaciones del marco constitucional. Aunque la norma del año 78, sea todavía relativamente joven, y probablemente goza de buena salud, necesita algunas medidas de adaptación a una realidad que hoy en muchos aspectos es tremendamente diferente a la de hace 35 años. Y no se me diga ahora que no es posible reformar la constitución después de lo ocurrido hace unos meses con el techo de gasto de las administraciones públicas.

Hemos cambiado mucho desde el año 1978. Y aunque somos incapaces de percibir estos cambios en su real magnitud porque resulta que hemos vivido con ellos y nos hemos ido adaptando paulatinamente, lo cierto es que aunque probablemente nuestra generación sea la primera que ha tenido la suerte de no tener que vivir un conflicto bélico, en contrapartida, hemos tenido que “sufrir”  los cambios más rápidos en los modelos vitales en una generación, con las consiguientes adaptaciones, tensiones y conflictos personales y sociales que ello supone.

He aquí los cambios que considero deberían de llevarse a cabo en nuestro marco de convivencia para no perdernos y seguir avanzando. Algunos de ellos  probablemente exigen modificaciones de nuestro texto constitucional, otros, no obstante, podrían y deberían implementarse sin necesidad de reformar la ley básica. Y no me refiero evidentemente a las modificaciones constitucionales que llevan algunos años ya, en el debate político y social, y que en algún momento habrá que abordar como son: permitir a una mujer tener el mismo derecho que un varón a acceder a la jefatura del estado, la reforma o desaparición del senado, y la incorporación del modelo autonómico en el texto constitucional. Las reformas,en línea a lo planteado por el movimiento del 15 de Mayo, serían las siguientes:

La primera sería la “Democratización de las estructuras de representación y participación pública”. Listas abiertas, desaparición de los grupos “mixtos” aunque con un castigo real al transfuguismo político, reducción de la cuota del 5% para acceder al reparto de escaños, mayor equilibrio en la relación entre votos y escaños etc, son medidas que sin duda ayudarían a democratizar la vida pública y a minimizar el control que hoy ejercen los dos grandes partidos políticos presentes en nuestro país. Probablemente harían “la gobernabilidad” algo más difícil pero democratizarían la representación política.

Recuerdo en este momento la referencia que hacía recientemente sobre las barreras de entrada en nuestros mercados (basándome en argumentos de Eduard Punset) y sobre el control que se ejerce en el mercado de la política. No parece razonable mantener el status actual ni mucho menos  no plantearse cambios que son absolutamente imprescindibles. Han ocurrido muchas cosas desde el año 1978 y nuestra vida ha cambiado radicalmente. Por otra parte, algunos de los riesgos que estaban claramente presentes en ese momento, hoy claramente no existen.

La segunda que debería abordarse es la de “Un nuevo marco para el entorno judicial”. Lo ocurrido en el tribunal constitucional al respecto del proceso de elección de sus miembros es una muestra de algo que precisa una urgente reforma.  Tenemos un sistema teóricamente independiente pero que en la práctica está claramente controlado por los dos grandes partidos políticos. Igualmente existen otro conjunto de aspectos en el funcionamiento de nuestro sistema judicial que no parecen ser los más apropiados para dar respuesta a las necesidades de hoy. Tengo la impresión (y creo que está es mayoritariamente compartida por muchos) de que así como en los últimos años, como consecuencia de nuestra participación en los conflictos internacionales, ha entrado mucho “aire fresco” en el ejército (que hoy no es percibido como un problema sino todo lo contrario) falta mucho cambio en la estructura de nuestro modelo judicial.

La tercera sería la de “Cambios en el modelo de gestión pública”. Lo que está ocurriendo en el ámbito autonómico con el proceso de cambio político resultante de las elecciones de Junio y las acusaciones de “los nuevos” sobre determinados despilfarros económicos es una muestra de la falta de rigor y de que están fallando los mecanismos de control sobre el gasto en el conjunto del sector público.

La revisión de la duplicidad de competencias, de órganos, de plantillas es absolutamente imprescindible y una demanda social claramente reafirmada y consolidada.  Aunque estoy convencido de que no tenemos, con alguna excepción que no deja de confirmar la norma general, un ámbito de corrupción relevante en nuestro sector público muchas cosas podemos y debemos hacer también es este ámbito. Probablemente se debería replantear algunos de los privilegios en términos de pensiones y de otros “beneficios sociales” de los que gozan los miembros de la clase política.

La cuarta referida al ámbito económico podría titularse “Apoyo a la economía productiva”. Voy a extenderme muy poco sobre este punto dado que ya he escrito sobre él en otras entradas de mi blog. En todo caso lo realmente relevante es que todos seamos conscientes de que hemos entrado en un nuevo ciclo en el que al margen de no poder “ni por asombro” repetir comportamientos que han sido las claves del ciclo anterior, no vamos a ser ni la sombra de lo que nos prometíamos ser. Flexibilidad, cambio, impulso a las actividades de valor añadido, potenciar aquello en lo que somos realmente fuertes y olvidarnos de experiencias anteriores son cuestiones absolutamente imprescindibles.

Seamos conscientes de que la crisis además ha llegado en el momento en que empezamos a perder el apoyo que han supuesto para nosotros dos décadas de entradas importantes de fondos europeos. Necesitamos adaptarnos y cambiar nuestro modelo económico si no queremos, no tan sólo no estar en una posición de liderazgo, sino situarnos en un nivel económico equivalente a lo que podríamos describir 2ªB, utilizando un símil futbolístico.

El último gran cambio debería tener que tomar en consideración nuestro sistema educativo. Último o primero pero en todo caso fundamento de todo lo demás. Necesitamos imprescindiblemente “Redefinir las bases de nuestro sistema educativo”. Aunque debo reconocer mi falta de capacidad en este ámbito (sólo me posiciono en base al sentido común), creo que es necesario y absolutamente imprescindible plantearse la validez de un modelo que es cuestionado por casi todo el mundo, que nos coloca en términos de calidad muy por debajo del lugar que teóricamente debería de correspondernos en un ranking de las diferentes naciones e introducir modelos de discriminación positiva en el sistema parecidos a los que hemos implantado en el ámbito del deporte con los excelentes resultados por todos conocidos.

Se trata una vez más de tomar en consideración aquello de que es mucho mejor potenciar nuestros puntos fuertes y olvidarnos de los débiles. Esto puede, en el ámbito educativo, ser tildado de poco democrático o inclusive “fascista” pero bajo todos los controles que sean necesarios es el camino por donde, necesariamente, vamos a tener que ir.

 Necesitamos cambios estructurales. Si estos se producen bienvenido sea el movimiento del 15-M. Para terminar sólo desear que el gobierno que surja después del proceso electoral del próximo domingo tenga éxito. Será el de todos.

Estos son los datos. Al margen de los 5 millones de desempleados, lo que resulta más significativo de los datos recientes es el hecho de que tengamos un porcentaje de desempleo del 50% entre nuestros jóvenes. Creo recordar ahora que nuestro gobierno (hace tan sólo 2 años) pronosticaba que en España jamás se alcanzaría la cifra de 4M de desempleados. Y todo ello además cuando nos hemos empezando a convertir, de nuevo, en una sociedad de emigración. He leído recientemente que más de 200.000 profesionales han abandonado nuestro mercado de trabajo mientras que, por ejemplo, los datos de inscripción en la web de ofertas de empleo de la embajada alemana no dejan de incrementarse.

Evidentemente los Ministros de Trabajo que han ocupado el puesto desde los inicios de la crisis, no son los únicos responsables de la situación. Recordemos que uno de los principios básicos a que hay que atenerse es que ni desde el departamento/ministerio de trabajo ni desde la legislación se crea empleo. El empleo se crea en función de una serie de circunstancias, con el apoyo y soporte de una legislación que sea favorable a su creación. De todas formas  probablemente algo más podría haberse hecho.

Ante éste panorama tan desalentador, nos hemos dedicado en primer lugar a negar la crisis, para después decir que esta se resolvería en el próximo semestre, y a tomar unas medidas “cosméticas” que pretendían lanzar un mensaje a “los mercados” pero que no atacaban de verdad nuestros problemas ni suponían cambios sustanciales. He escrito en otro artículo que tengo mis dudas sobre que los momentos de crisis sean los mejores para plantearse grandes reformas pero, como no hemos el trabajo, cuando podíamos y debíamos hacerlo, habrá que hacerlo ahora.

En este contexto, al margen del cual sea el resultado electoral de las próximas elecciones, resulta evidente la necesidad de articular una nueva “reforma laboral” que no sea un parche más, como la que hemos vivido recientemente, y que se fundamente en una revisión radical del remendado, viejo y lamentablemente descosido ordenamiento jurídico laboral español. Necesitamos cambios laborales sustantivos que cambien los criterios de actuación de todos los actores del mercado de trabajo, que simplifique el marco legal, que consolide la flexibilidad en el seno de las empresas y que (no nos olvidemos hoy de lo más importante) faciliten el acceso de nuestros desempleados al empleo.

La nueva reforma debería, por último, definir unas reglas de juego en la interlocución social, que flexibilicen los procesos de negociación, reduzcan la burocracia y acerque la decisión final al seno de la empresa. No se trata de atacar ni modificar los derechos constitucionales, se trata simplemente de interpretarlos y aplicarlos de forma más adecuada para la realidad en la que estamos viviendo.

La reforma necesaria, la que de verdad habrá que llevar a cabo (y cuanto más rápido mejor) deberá conllevar modificaciones sustanciales en algunas de las “reglas del juego” que lamentablemente han arraigado en nuestro modelo laboral. Debería por tanto no basarse estrictamente en modificaciones legales (que sin duda habrá que hacerlas en la línea de simplificación y flexibilidad) sino afectar también a aspectos como la educación reglada y profesional, la formación para el empleo, y la dinámica de la cohesión social.

Probablemente mucho más relevantes que los temas relativos al despido lo serán aquellos que afecten a los tres grandes aspectos que han sido lamentablemente abandonados por las reformas realizadas en la última legislatura como son: Contratación, Negociación Colectiva/Flexibilidad y Coberturas al Desempleo.

En materia de Contratación el elemento más relevante, sería el de la simplificación del sistema diseñando 2/3 grandes tipos de contratos que permitieran adaptar la contratación a las necesidades reales del tejido empresarial. Recordemos que una de las perversidades de nuestro modelo es la dicotomía, inexistente en el resto de nuestro ámbito geográfico, entre contratación temporal y fija.

El enfoque de un Marco de Negociación Colectiva más adaptable a las circunstancias actuales de nuestro mercado de trabajo es urgente, y no sólo en los ámbitos estrictamente formales sino también en los que se refieren a los mecanismos mentales con que los negociadores enfocan este mismo proceso. Todos deberíamos de reconocer y admitir que cuestiones como la modificación funcional, la de condiciones de trabajo (incluida el tiempo de trabajo y los horarios), la flexibilidad salarial, etc son elementos claves para permitir organizar y adaptar mejor los recursos existentes en una organización a las necesidades cambiantes del mercado y que sin duda derivarían en una mayor estabilidad y en asegurar, muchas veces, la continuidad de una empresa y por tanto del empleo.

Por último en cuanto al campo de las Coberturas sociales en materia de Desempleo es necesario articular un sistema de incentivos reales a la búsqueda y al acceso al empleo. Entre otras perversidades es necesario modificar el criterio de “derecho o subsidio” que hoy tienen, socialmente, las prestaciones de desempleo.

El Círculo de Economía publicó hace unos meses un “papel” en el que resume su posición sobre los males de nuestro mercado de trabajo que me permito resumir aquí y que son en mi opinión las bases del análisis previo de la reforma que habrá que hacer:

(1)   Un mercado dual con unos niveles de temporalidad insostenibles. Los niveles de contratación temporal son un lastre para la consecución de puestos de trabajo de calidad, dado que ni los trabajadores ni las empresas tienen incentivos para desarrollar e implementar planes y acciones formativas que desarrollen la empleabilidad de los recursos humanos. Además esta dualidad se da fundamentalmente en los sectores de trabajadores más jóvenes y teóricamente más preparados con lo que lo único que se hace es potenciar su desmotivación.

(2)   Un mercado de trabajo excesivamente vulnerable a los ciclos económicos. Lo que conlleva que se deteriore aceleradamente en las situaciones de crisis y que nos aboca a disponer de niveles de desempleo muy superiores a los del resto de los países de nuestro entorno. Recordemos que en el 2007 nuestra tasa de desempleo era del 8% (el doble de lo que se considera estructural) y que está llegando al 24% de la población activa (cifra muy similar a la alcanzada en el año 1995). Ello favorece la depreciación y la no adaptación de nuestro capital humano y la asunción de costes sociales (desempleo, prejubilaciones) que cargan indebidamente nuestros presupuestos y que probablemente sean la rémora para otro tipo de acciones y de políticas que favorecerían el desarrollo económico. O sea el gato que se come la cola.

(3) Unos niveles de duración de las ocupaciones muy bajas en comparación con la UE. Frente a un 43% de los trabajadores que llevaba más de 10 años en la empresa en Europa nuestro nivel era en 2007 de solamente el 30%. Aunque parte de este desfase puede deberse al gran volumen de creación de empleo que se ha producido en nuestro país en la última década, coincidiendo con la llegada de un gran volumen de inmigración, este dato muestra que un marco legal de baja flexibilidad (donde muchas veces resulta más fácil despedir que conseguir modificaciones contractuales que permitiesen la continuidad de una relación) y nuestro sistema de protección social no consiguen alargar las relaciones labores, permitiendo que al margen de no conseguir una mayor motivación e implicación de los trabajadores en un determinado proyecto empresarial, no favorecen la inversión en formación, adaptación y reciclaje.

(4) Un sistema de negociación que impide que las condiciones de trabajo se adapten a los ciclos económicos. No es posible que se hayan establecido en los primeros años de la crisis revisiones salariales en conjunto del 5% de media a pesar de la contención de precios y del ajuste en la ocupación que ya estábamos viviendo. Una legislación necesitada de cambios en materia de negociación colectiva y unas estructuras de los  “interlocutores sociales” (patronal y sindicatos), muy alejadas de la realidad empresarial, hacen que las relaciones laborales no puedan adaptarse a las realidades económicas.

(5) El diferencial en las tasas de absentismo. Es el resultado de un conjunto de factores (tipología de la contratación, falta de motivación y de integración, falta de conciencia social al valor del trabajo, etc) y es síntoma del deterioro de la sintonía y complicidad entre las dos partes de la relación. Pero se produce también por la inexistencia de control y de unos procedimientos que necesitan una urgente revisión..

En resumen debemos de plantearnos y proponer una reforma que dé la vuelta como un calcetín a un mercado laboral ineficaz basado en los “males o perversiones anteriores”, profundizado si cabe por un marasmo de normas y la existencia de unos niveles de protección que aunque no sean excesivos (comparados con el resto de países de nuestro entorno) están claramente mal enfocados y que ni incentivan ni motivan a la ocupación ni garantizan su continuidad.

 Esta reforma cuyo objetivo fundamental no puede ser otro que la de reactivar el empleo no pasa solamente por medidas legales, debe suponer cambios sustanciales de la mentalidad, cambios en los procesos formativos, cambios en los roles y en la actuación en el día a día de todos los actores. Es evidente que éstos cambios no van a poderse realizar en un día, pero si no empezamos a provocarlos como consecuencia de nuevas medidas legislativas, nunca se llevarán a cabo.

Probablemente todo esto sólo puede resolverse por un mix entre medidas concretas de aplicación inmediata y un nuevo y urgente “pacto de la Moncloa” en el que las principales fuerzas políticas y agentes sociales reflexionen y concierten un nuevo modelo de mercado laboral. El rol que nos corresponde dentro del contexto económico y mundial es muy distinto que el que podíamos tener en la década de los 80. O nos adaptamos nosotros mismos o nos adaptarán. Siempre es mejor que lo hagamos por nosotros mismos y fruto de un consenso social.

Las cifras de desempleo señaladas por la EPA después del verano y sobre todo las nulas esperanzas de mejora en las perspectivas a corto plazo resultan francamente alarmantes. No soy el primero ni el único de los que seguimos extrañados con el hecho de que con la situación que estamos viviendo (a pesar de la influencia real de la cada vez más importante cuota de economía sumergida) no se hayan producido ya estallidos sociales realmente graves.

Resulta perfectamente constatable que el alto volumen de desempleo de nuestro país (y el hecho de que seamos los primeros en el ranking de destrucción de empleo en la UE) se debe a la suma de diferentes factores: de una parte factores estructurales como la pérdida de peso del sector de la construcción, de otra al descenso del consumo y la tercera –la que nos diferencia del resto de países de nuestro entorno-, la que nos hace ocupar esta posición de liderazgo es la tipología y estructura de nuestro mercado de trabajo.

 Sin embargo, de acuerdo con lo comentado y señalado entre otros por Alfredo Pastor, la reforma laboral necesaria de la que habla Joaquín Trigo (y me refiero a la que queda por hacer, no la que hemos hecho hasta este momento) “tendrá un alcance muy limitado porque se fundamenta en la creencia, probablemente ingenua, de que la desaparición y reducción de procesos administrativos y burocráticos liberarán unas fuerzas del mercado, reprimidas hasta este momento, que por sí mismas resolverán todos los problemas”.

Lamentablemente no creo que sólo con un mercado laboral más flexible y eficiente y con unas relaciones laborales en la empresa menos encorsetadas por normas y regulaciones, muchas veces tendentes solamente a potenciar una dualidad perversa en el status contractual, podamos realmente resolver nuestro problema de empleo. Tenemos claramente un problema de empleabilidad y éste, lamentablemente sólo se resolverá a largo plazo y como consecuencia de un cambio cultural.

Siguiendo a los comentarios publicados por Rafael Pampillon recientemente en EL PAIS. “en los libros de economía se enseña que los objetivos de toda política económica son cuatro: crecimiento económico, pleno empleo de la mano de obra, estabilidad de precios y equilibrio exterior” Estoy plenamente de acuerdo con él en el sentido de que no parece ser que seamos capaces de cumplir ninguno de los fundamentos descritos. Es evidente que no vamos a tener un crecimiento económico en 2011 o que éste, si se produce, sea mínimamente perfectible, no vamos a ser capaces de crear un volumen de empleo que permita reducir significativamente el número de desempleados hasta el segundo semestre del 2013 como muy pronto. Igualmente parece bastante complicado que no vayamos a tener una  tendencia claramente inflacionista en los precios al consumo (de hecho ya la estamos constatando en los últimos meses), y no parece que seamos capaces de establecer líneas de equilibrio en nuestras cuentas con el exterior.

Soy de los que me inclino por la idea de que las reformas hay que hacerlas en el momento en que ellas son constatables y necesarias y por tanto creo que el hecho de que seamos los primeros en el ranking de destrucción de empleo de las economías de la UE, a alguna reflexión nos debería de llevar. No tiene, en estos momentos, ningún sentido seguir pensando que hemos perdido una excelente oportunidad (en los años anteriores de bonanza) para enfocar reformas que hoy hubiesen reducido el volumen de pérdidas de empleo que hemos vivido y que favorecerían la contratación en el momento en que se inicie el cambio de ciclo. Es indudable que el espíritu mental del concepto, al que estamos tan lamentablemente abocados, que se resume en la frase tan nuestra de “vuelva Vd. mañana” o  en su versión “mañana será otro día” no resulta la mejor receta para el enfoque de la situación del mercado de trabajo.

 Ah…..y cuando hablo de reforma, no me refiero simplemente que también al debate sobre las fórmulas técnicas y jurídicas que deberían dotar de mayores niveles reales de flexibilidad a nuestro mercado de trabajo. Me refiero a reformas de calado que consigan modificar nuestra “cultura social” lamentablemente integrada en nuestro ADN que no potencia ni el esfuerzo ni prima el talento y que permite, por ejemplo, a un reconocido diputado socialista referirse a las prestaciones por desempleo como “un derecho” al que todos tenemos la opción de acceder.

Es evidente que, al margen de algunas reformas que son estrictamente necesarias para afrontar los retos que nos depara el futuro, debemos también hacer cambios sustanciales sobre nuestra “cultura social sobre el trabajo” si de verdad queremos enfrentarnos con éxito a los retos que nos depara el próximo futuro. Cambios culturales que pasan necesariamente por desarrollar el concepto de empleabilidad.

Cuando la confianza en el futuro se ha convertido en un bien escaso, cuando muchos de nosotros huimos de inculcar a nuestros jóvenes el valor del esfuerzo es bueno recordar de nuevo el mensaje de Albert Eisntein. “Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia”.

Y prosigo parafraseando a este genio “El problema de las personas y de los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos todo es rutina. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Ante la crisis la única receta es el trabajo duro. Acabemos con la única crisis amenazadora: la tragedia de no querer luchar por superarla”.

Hace algunas semanas tenía en mis manos un informe del FMI que aseguraba que la competitividad española estaba cayendo en picado y que, salvo circunstancias excepcionales, seguirá cayendo en los próximos años.

En estas fechas en las que casi todo se paraliza, en la que la mayoría estamos ya empezando unos días de descanso, en la que muchos vamos a buscar algunos momentos de relax y de replanteamiento de temas y proyectos, es conveniente, sin embargo, que no nos olvidemos de que a la vuelta (al margen del proceso electoral en el que nos veremos inmersos) deberemos seguir enfrentarnos ante una situación compleja y difícil y en la que vamos a seguir teniendo la necesidad de seguir ajustándonos sin que, por otra parte, parace que sepamos aprovechar tales ajustes para mejorar la plataforma sobre la que sustentar el necesario cambio de modelo económico.

Un nuevo modelo del que lamentablemente ya nadie casi habla. Un ejemplo: ¿Alguien es capaz de recordar algo sustantivo sobre el famoso concepto de economía sostenible, lanzada por nuestro ejecutivo hace algún tiempo?. No tengo ninguna duda y si todas las certezas, de que o no tenemos modelo alternativo o hemos hecho muy poco para dar con él. Parece que todas la soluciones pasan por el turismo, los servicios y las inversiones en el extranjero. Francamente no creo que sea suficiente.

A excepción de la profundización del peso internacional de nuestra economía (lo que evidentemente es muy favorable a medio y largo plazo) no percibo por ninguna parte que hayamos sabido crear “un modelo alternativo” al industrial/construcción/turismo en el que fundamentamos el crecimiento de nuestra economía en los años anteriores al 2008. A pesar de que mucha gente se refuerza en la frase de que “las crisis son buenas para ofrecer nuevas oportunidades y con el optimismo y la confianza saldremos de esta”, reiteradamente usada por nuestro actual presidente, no parece que tampoco los términos utilizados por el actual líder de la oposición “con el gobierno actual no saldremos, hacen falta ideas nuevas que traeremos gente que ya gobernamos hace un montón de años”, nos anuncien la buena nueva que nos permitirá, quizás un tanto milagrosamente, salir del marasmo en el que nos encontramos.

En términos reales los datos macroeconómicos no pueden ser más negativos: Seguimos sin crecimiento económico, no existe el crédito para las pymes, mantenemos niveles de desempleo cercanos al 20%, y el consumo está en situación agonizante. Por ello es evidentemente claro que necesitamos de un nuevo impulso para gestionar los cambios que precisábamos para abandonar un modelo que se ha mostrado claramente obsoleto, y que ha hecho que nuestra economía destaque por ser la que muestra peores ratios en crecimiento económico y se mantenga en las primeras posiciones en el volumen de desempleo.

Recordemos los datos recientemente confirmados por la EPA. Hemos pasado de 1,7M de desempleados (junio del 2008) a 4,8M tres años después. Constatamos que a pesar de que fuimos capaces de crear 8M de empleos en los años de bonanza muchos de ellos se han perdido con la crisis y no parece que puedan recuperarse a corto plazo. Destaquemos que la contratación fija sólo se ha reducido en estos tres años en 46.000 personas. Recordemos, por último, que el volumen de desempleo entre los trabajadores inmigrantes (a pesar de que más de 300.000 de ellos han abandonado nuestro mercado de trabajo) sigue situado en niveles superiores al 30%

Es evidente que todos estos datos ponen de manifiesto con claridad la dualidad de nuestro mercado de trabajo, una circunstancia a la que me he referido en reiteradas ocasiones en mi blog y uno de los elementos de “perversidad” de nuestro marco de relaciones laborales.

Aquí es donde estamos y donde vamos a estar en Septiembre.

Mientras tanto no sé qué nos espera al inicio del curso. En todo caso reafirmar que siguen siendo necesarias medidas creíbles y urgentes que de verdad incentiven el mantenimiento del empleo y que protejan a los que lo pierden. No tengo claro que no sea necesaria una profundización de la reforma laboral desarrollada por el ejecutivo actual. Es duro reconocer que las víctimas colaterales son casi siempre las mismas y que jóvenes, inmigrantes y los peor formados son los que integran la gran masa de nuestros desempleados y a los que lamentablemente estamos abandonando. Todavía sigo sorprendiéndome por la falta de mayor conflictividad social.

Ahora bien, como hay que ser positivos, esperamos que algo ocurra en los próximos meses para que (con el apoyo o a pesar del nuevo gobierno) podamos iniciar un nuevo camino que nos lleve a corregir los desequilibrios que entre todos hemos creado. Siempre nos quedará la esperanza y el deseo de que lo que venga a partir de Septiembre sea sin duda mejor de lo que estamos viviendo en estos momentos.

Feliz verano a todos.

Como continuación a lo que publiqué recientemente sobre la problemática del desempleo juvenil, a instancias de la Fundació Exit, me propongo escribir estas líneas dado que hemos podido constatar cómo este tema parece que de pronto se está convirtiendo en el tema estrella de la política española del momento, a pesar de los grandes titulares que provoca la crisis griega. Tanto es así que incluso en el comité federal del PSOE, posterior a las elecciones Municipales y Autonómicas, Rodriguez Zapatero dedicó tanta o más atención a este tema que a los problemas internos generados por la debacle electoral, confirmada después por la pérdida del control de todas las autonomías en las que su partido gobernaba, incluida Extremadura.

Quiero destacar entre todo lo que se ha publicado recientemente sobre este tema el comentario de Iñigo Sagardoy en Expansión de hace un par de semanas. En él Iñigo con excelente criterio afirma “ Mientras asistimos, con cierta sorpresa, a las recientes muestras de indignación de los jóvenes españoles en los principales centros urbanos de nuestro país, el Gobierno desbordado por las altísimas tasas de desempleo de la juventud y consciente de la prioridad de este tema, ha vuelto a reabrir el debate para la búsqueda de medidas que incentiven de modo inmediato el empleo de la población juvenil”.

Sólo con la capacidad de ofrecer empleo a nuestros jóvenes será posible resolver el problema “de orden público” que supone el movimiento del 15-M, (sobre los otros aspectos del movimiento ya me he manifestado en este blog). Conviene que no olvidemos que somos los primeros del ranking europeo en tasas de desempleo juvenil que alcanza el 45% de la población activa y que convivimos con socios como Alemania en donde la tasa no alcanza ni por mucho el 10%.

Iñigo hace referencia en su comentario al nulo impacto en este punto de los nuevos mecanismos establecidos por la Ley 35/2010, conocida coloquialmente como la de la Reforma Laboral, y el Decreto que promueve una serie de incentivos a la contratación a tiempo parcial. Expone claramente que los aspectos básicos de la normativa a que nos referimos se centraban en aspectos tangenciales –como las bonificaciones a la contratación- sin que se hayan introducido mecanismos dirigidos a atacar la raíz del problema y propone la necesidad de establecer un “plan de choque” con medidas como las siguientes.

La primera la creación de un contrato único de trabajo con algunas salvedades como la puesta en marcha de un contrato de iniciación y fomento del empleo juvenil para la población entre 16 y 30 años. La segunda modificar sustancialmente el actual modelo del contrato de trabajo a tiempo parcial. La tercera la puesta en marcha de programas de asesoramiento individualizado para jóvenes que impulsen su flexibilidad y movilidad.

Estas son medidas a corto plazo, que podrían dar efectos inmediatos, que aunque a corto plazo generasen poco empleo, nos pondría en mejores condiciones para que hubiese un impacto real en el empleo en el momento en que las circunstancias de la crisis mejoren. Estas medidas a corto deberían de complementarse con otras a medio largo centradas en establecer una nueva relación entre formación y empleo en todos los niveles de la enseñanza media, desincentivando la formación superior, potenciando social y académicamente la formación profesional y generando interés y atracción por todo lo relacionado con la labor de los emprendedores.

Sólo con mecanismos de flexibilidad seremos capaces de crear empleo para nuestros jóvenes y dejar que éstos sigan percibiendo como fundamental salida laboral el trabajo en cualquiera de los ámbitos de la administración pública, que por cierto tampoco va a ser, necesariamente, un gran motor en materia de empleo en los próximos años.

En mi reciente estancia en Bucarest de la semana pasada constaté un interés de mis interlocutores por el que hemos venido en denominar movimiento del 15 de Mayo o movimiento de los indignados. Parece que nos estamos convirtiendo en un punto de interés a nivel mundial, lo que no es necesariamente malo.

Creo que todos hemos de ser conscientes de que el movimiento ha sido una respuesta de nuestros jóvenes (los nacidos después del cambio político del 76) tanto a una situación económica muy compleja y a la pérdida de oportunidades y de desarrollo cómo al desencanto sobre la capacidad de la clase política española para resolver la situación. Muchos estamos convencidos de que esta generación va a ser probablemente la primera desde los inicios del siglo XX que va a ser incapaz de vivir mejor que la precedente.

La generación de los nacidos en los 50 y 60 (a los que represento humildemente) vivimos el proceso de cambio de una dictadura a una democracia en épocas juveniles y mantuvimos una admiración innata y casi absoluta respecto al valor de la democracia y de la dinámica parlamentaria. Hoy no sólo no existe esta admiración sino como muestran las investigaciones del CIS 1 de cada 4 españoles consideremos a los partidos políticos como uno de los graves problemas de nuestro país, al mismo nivel, o casi, que los efectos de la crisis o el desempleo.

Volviendo sin embargo a la protesta de los indignados considero, más allá del impacto del movimiento en el conjunto del marco político, que lo más grave es que nadie tiene lamentablemente la respuesta a cómo vamos a ser capaces de dar respuesta al problema del conjunto de una generación, (la que hemos llamado “generación NINI”) y del impacto que va a tener, está teniendo ya, en nuestro entorno social y económico el problema que supone tener un alto porcentaje de jóvenes sin claras perspectivas de desarrollo personal y profesional.

Uno de cada tres jóvenes ha perdido su empleo desde el inicio de la crisis. El colectivo de 16 a 29 años es el que se ha llevado la peor parte de la crisis. Un estudio de Mampower realizado el año pasado confirmaba que la ocupación en esta franja de edad se había reducido un 32% en los últimos años. Ello supone que más de 800.000 se habían incorporado a las listas del desempleo, mientras que otros 700.000 habían abandonado, algunos ya probablemente de forma definitiva, el mercado de trabajo.

Disponer de un colectivo de 1,5M de personas jóvenes totalmente desencantadas, sin perspectivas de desarrollo personal y profesional, con nulas posibilidades de futuro (en una población de 45M) no es francamente una muestra de la salud ni probablemente la sociedad que nos gustaría dejar a nuestros jóvenes. Sin embargo es lo que estamos viviendo hoy en España.

No me considero capacitado para dar la respuesta al problema del desempleo de nuestros jóvenes aunque sí que he escrito reiteradamente sobre las reformas estructurales que son necesarias en el mercado de trabajo para que éste pueda afrontarlo. Sólo afirmo que este es uno de los graves problemas que tenemos en este momento (y que nos distingue claramente del resto de países de nuestro entorno), que es algo muy preocupante y sobre todo que no parece que esté, como mínimo a corto plazo, influyendo e impactando en nuestra clase política, mucho más preocupada por el día a día, por sus propios problemas y adoleciendo de una falta de liderazgo más que evidente. A pesar de ello creo que el movimiento va a suponer una revitalización de la imagen de nuestros jóvenes y a generar una preocupación por “su problema” y probablemente influirá a medio o largo plazo en la necesidad de promover cambios legislativos que acerquen las instituciones democráticas a los ciudadanos. En este sentido serán bienvenidas.

En el momento de escribir este mensaje, los jóvenes “indignados” están intentando dar un giro a su movimiento, terminando las acampadas permanentes, intentando dar respuesta a los problemas de orden publico que se han desarrollado en Catalunya ante el Parlament, y dando paso a nuevas estrategias de movilización que finalmente deberán acabar con algún tipo de movimiento social capaz de tener una representación política. Las críticas que proponen y la necesidad de reformas no debe, bajo ningún supuesto, suponer involuciones sociales y políticas. Bajo ningún supuesto deben de cuestionar el principio de que sistema democrático y parlamentario sigue siendo “el menos malo” de los modelos de gestión pública.

He estado participando recientemente en un debate promovido por la Fundación Exit sobre Empleo Juvenil dirigido al análisis de sí las grandes empresas podrían ayudar a resolver el problema del desempleo en nuestros jóvenes. Las conclusiones que propuse fueron las siguientes: la primera que las grandes empresas no son ni van a ser las que resuelvan el problema del empleo juvenil, la segunda es que ya existen, aunque todo es susceptible de mejora, suficientes sistemas de contratación flexible en nuestra legislación para enfocar el empleo juvenil.

La conclusión es que el problema del desempleo de nuestros jóvenes no se resuelve con medidas legislativas sino con cambios relevantes y de carácter más estructural.

Las grandes empresas ya contratan lo que tienen que contratar cuando lo necesitan y más allá de algunos enfoques en temas de diversidad, responsabilidad social etc poco hay que hacer ahí, o en todo caso, poco que afecte sustancialmente al volumen de desempleo de los jóvenes que lamentablemente no deja de crecer. Los últimos datos de la EPA son ciertamente preocupantes.

Dicho esto hay cosas que se pueden hacer pero en todo caso la más fundamental y relevante es la que pasa por generar un marco de confianza donde la pyme (que presta en muchos casos servicios para la gran empresa) se atreva a contratar. Para ello es necesario abrir “el grifo” del crédito bancario (corto plazo) como por desarrollar la cultura de esfuerzo en nuestros jóvenes (largo plazo). También se puede consolidar (y de hecho ya se está haciendo) la internacionalización de nuestra economía. Son ya un porcentaje relevante las grandes empresas que alcanzan mejores ratios de facturación y resultados en el negocio internacional que en el local. El problema ahí es que aunque hemos mejorado mucho falta todavía un gran trecho para que nuestros jóvenes tengan la formación, la voluntad y la motivación por asumir que necesitan de una “movilidad geográfica” para crecer y desarrollarse. Y ahí el problema del bilingüismo en inglés que han conseguido otras naciones europeas sigue siendo un problema relevante.

Ya sé que va sonar como un retorno a épocas pasadas pero, probablemente, una parte de la solución del problema de empleo va a pasar necesariamente por la movilidad internacional (no me gusta hablar de inmigración) de nuestra mano de obra en general y la de nuestros jóvenes en particular.

Por cierto tomemos oportuna nota de que una de las grandes cuestiones que nos diferencia de los otros países que han necesitado un rescate financiero de la UE, aparte del aparte del volumen de población y por tanto del peso de nuestra economía, ha sido el cada vez más relevante papel de nuestras grandes empresas o inclusive de las no tan grandes en el mundo. La internacionalización de nuestra economía y la existencia de inversiones y proyectos en otros entornos va a ser, está siendo ya, un gran elemento de defensa ante la crisis, tanto en el empleo que conseguimos crear fuera como el que mantenemos en “nuestra casa”.

En este sentido iniciativas como las que parece querer impulsar la comunidad de Madrid en el sentido de segmentar a los colectivos educativos en función de la capacidad y en paralelo desarrollar entornos de formación multilínguisticos (con una presencia del inglés muy relevante) me parecen que es por donde hemos de ir. Aunque este tipo de iniciativas pueden ser visualizadas, percibidas y lo que resulta peor gestionadas con criterios cuestionables, son bienvenidas y totalmente necesarias.

Una gran parte del problema del desempleo juvenil es también el resultado de unos criterios educativos que han sido válidos para conseguir una homogeneización e igualdad de la oferta con independencia de cualquier discriminación posible (geográfica, económica, cultural, etc), pero que hoy a lo mejor conviene corregir y retocar.

Probablemente debemos volver a discriminar si queremos avanzar. No deja de ser una vez más el principio de dos pasos adelante y un paso atrás.