Cambio y transformación en los procesos de Inserción (I)

Vivimos en un contexto de recuperación económica que está generando impactos positivos en los ratios de desempleo, aunque este siga siendo uno de los aspectos que más preocupan a los ciudadanos.

Una preocupación confirmada por el barómetro del CIS que de forma continuada indica que más del 50% de los ciudadanos considera al desempleo como uno de los 3 mayores problemas sociales con los que debemos de convivir y que se produce en paralelo a un proceso de transformación y digitalización de muchas de las actividades laborales, hoy todavía incipiente, pero se consolidará en los próximos años y cuyo impacto en el mercado de trabajo es todavía difícil de evaluar.

Un mercado (que recordemos sigue estando en la cabecera de los rankings de desempleo de la UE) y que es consecuencia de la presencia de una serie de factores derivados de nuestra estructura económica y de otros factores relacionados con una determinada cultura laboral. También del bajo encaje entre los procesos formativos y el mercado de trabajo. Un mercado que, entre otras ineficiencias, destaca por baja empleabilidad de los desempleados de larga duración, circunstancia de no fácil solución y que probablemente se agravará por la propia dinámica de los procesos de transformación/robotización. Una situación que, finalmente, está muy condicionada por la falta de adaptación de las cualificaciones profesionales y actitudes de los demandantes de empleo a las necesidades que pretender cubrir las empresas y organizaciones.


Necesitamos reformar las Políticas Activas de Empleo con el objeto de que éstas sean más eficientes en la mejora de las capacidades de los desempleados y en las acciones de intermediación e inserción. 


Necesidades que se pueden modular pero que no se pueden esconder y mucho menos soslayar. Unas políticas que, a menudo, han generado acciones que se han desarrollado con criterios extra-laborales y sin objetivos previamente determinados. Es particularmente significativo el dato siguiente: Aunque el número de contratos/contrataciones que se hacen en nuestro país es muy elevado en relación al volumen total de la población activa (por la estacionalidad de algunas de los sectores más relevantes de nuestro tejido económico) muy poco de ellas son gestionadas por el conjunto de los actores de dichas Políticas. Una situación que al margen de que resulte conveniente para determinados actores privados genera una nula credibilidad de los usuarios respecto a las acciones que desarrolla el conjunto del Sistema financiado con recursos públicos.

Como ha sido perfectamente constatable históricamente la puesta en marcha de este tipo de políticas se ha realizado, a menudo, a espaldas de las necesidades concretas del mercado de trabajo en la zona en que se producen, sin control real de la eficiencia de las mismas y sin una adecuada evaluación de los resultados.

Estamos en 2018 y todos somos conscientes de que (salvo algunas excepciones puntuales que confirman la regla general) a las Políticas Activas en general y a los procesos de Orientación e Intermediación Laboral no ha llegado ni la transformación y muchos menos la digitalización. Las acciones se siguen desarrollando en los formatos presenciales más tradicionales, lo que las hace excesivamente costosas, poco eficientes y con baja eficacia. Y además se siguen aplicando sin una estrategia de análisis, evaluación y medición de los resultados.

Paralelamente es necesario considerar y plantear cambios de estrategia en la asignación de recursos públicos, empezando por las que actualmente no se destinan a la formación, reciclaje y al “cambio cultural” de los propios equipos de Orientación e Inserción. Generalmente se ha vinculado el volumen de recursos a la exigencia de resultados cuando a menudo es posible conseguir excelentes porcentajes de inserción laboral simplemente con una mejor asignación de los mismos. Una mejor asignación que puede tener muchas perspectivas pero que pasa, necesariamente, por potenciar las estrategias de digitalización en el conjunto de actividades de planificación, gestión, información y seguimiento,

Unas iniciativas (de digitalización) que no pueden obviar las características específicas del desempleo en España. Una de ellas es el alto porcentaje de desempleo juvenil, un colectivo para el que el uso de la tecnología es natural y que a menudo se sorprende por el poco uso de las posibilidades que ofrece la tecnología en esta materia. En el caso del colectivo de desempleados de larga duración, (básicamente integrado por personas mayores de 50/55 años) conviene continuar con el desarrollo de acciones dirigidas a la denominada “alfabetización digital” aunque es un colectivo que ya está accediendo al uso de dispositivos tecnológicos (básicamente el móvil) lo que facilitaría la introducción de elementos de digitalización basados en este dispositivo.


Hasta el día de hoy no se ha desarrollado una estrategia global de digitalización mientras que las pocas acciones desarrolladas, se centran en soluciones puntuales, limitadas y sin un impacto real.


Un ejemplo: Aunque conviene reconocer el esfuerzo que supone la iniciativa dirigida al perfilado/segmentación de los usuarios/desempleados del conjunto de los entes que integran el Sistema Público de Empleo (muy apropiada pero que estará limitada a los efectos estadísticos y de segmentación de los colectivos básicos) está clasificación debe de profundizarse y personalizarse para convertirse en criterios eficientes que den soporte y apoyo al trabajo que, en el día a día, realizan los/las profesionales dedicados a la Orientación y la Inserción.

Necesitamos desarrollar iniciativas, y entre ellas las del perfilado estadístico, para desarrollar acciones y procedimientos de gestión que hagan mucho más eficientes las acciones de Orientación, Formación e Inserción, ya que, al margen de ofrecer servicios de mayor calidad, por su propia trazabilidad aportarían mejoras significativas en el seguimiento y la evaluación de los propios programas. Recordemos que así se podría disponer de información que evitaría el riesgo de reincidencia en acciones o programas de baja efectividad, innecesarias o incluso contraproducentes cuando no casos flagrantes de fraude.

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